Mariano Beldyk

Una nueva disposición nacional, que desde la oposición atribuyen directamente a una movida de "coacción" del gobierno de Javier Milei, puede abrir un nuevo frente de conflicto con las gobernaciones a partir de los efectos directos que tiene sobre el pago de salarios a las y los trabajadores estatales y municipales. Se trata de la decisión del Banco Central de no prorrogar una dinámica financiera con las provincias que puede demorar el fondeo en las arcas destinados al pago de esos ingresos en febrero, incluso para los municipios.

En una circular emitida el 19 de enero de 2023 referida al financiamiento al sector público no financiero respecto a los "adelantos transitorios al sector público no financiero", el Banco Central establecía la posibilidad que las entidades donde pagan los estados provinciales y municipales los haberes pudieran adelantar los fondos en ese concepto sin esperar el ingreso de los fondos transferidos desde la administración pública. 

Esta luz verde por parte de la autoridad financiera permitía a gobernaciones e intendencias no demorarse con los pagos de los salarios, en particular cuando dependen en algunos casos de los recursos que gira Nación para poder costear los ingresos de sus plantillas de trabajadores y trabajadoras. La circular prorrogaba esta mecánica hasta el 31 de enero de 2024, poniendo fin a esta dinámica a partir de esa fecha de no mediar una nueva prórroga que, al menos hasta ahora, no sucedió.

En rigor, el vocero Manuel Adorni ya había adelantado la semana pasada que se pondría fin esta dinámica y hasta el momento todo parece indicar que así sucederá: "El BCRA nos informa que ha quedado fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizan muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes", sostuvo el funcionario casi al pasar, el martes último.

Si bien la decisión emana del Banco Central -y así lo recalcó el propio Adorni-, en la oposición ven la mano del ajuste de Javier Milei detrás de la movida. "Buscan dividirnos y poner a los trabajadores en contra nuestra. Es una política que puede impactar de manera diferente porque hay distritos que dependen más que otros de los fondos que se giran pero, a la larga, nos va a pegar a todos a medida que los recursos escaseen de la mano del ajuste", señaló un intendente del Conurbano a este medio.

Ayer, en declaraciones a Radio Rivadavia, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló de "un mensaje de coacción metiéndose en entidades financieras provinciales" que no tienen impacto sobre lo nacional. Deslizó, no obstante, que estaría en tratativas con Nación su marcha atrás sin ahondar en detalles.

En el marco de otras urgencias coyunturales -pujas en torno a la ley ómnibus- y noticias que habían conmocionado a la opinión pública -el crimen de Umma-, el anuncio de carácter técnico pasó casi desapercibido en la conferencia del martes pasado. 

Y aunque varios de los periodistas acreditados en la conferencia le consultaron al vocero específicamente por los recursos de Nación a las provincias a partir de las advertencias formuladas tanto por él como por otros funcionarios y funcionarias de la administración nacional, Adorni no profundizó esa última directiva.

Si reiteró, no obstante, que "el ajuste en las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas las partidas, de todas y cada una de las partidas que Nación les transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir"

Los gobernadores sí tomaron nota del mensaje porque la mecánica era una venia para suplir el fondeo "sensible" con adelantos negociados por las propias provincias y municipios con las entidades a las que les fueron concedidas las licitaciones, explicaron a El Cronista. En el caso de las provincias, los acuerdos suelen ser con sus propios bancos provinciales, aunque las licitaciones se pueden cerrar también con entidades privadas o cooperativas.

"Con esta norma del Banco Central de la República Argentina los médicos, los policías, los docentes y miles de empleados estatales no van a cobrar su sueldo el próximo 31 de enero o 1 de febrero, en casi todo el país", escribió la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Danya Tavela, de la Unión Cívica Radical (UCR), en su cuenta de X (exTwitter).

Y añadió: "A partir de esta norma se dispone que ningún organismo público estatal, de cualquier nivel, pueda hacer uso del acuerdo de adelanto que tienen con Bancos para abonar sueldos". También señaló que la demora tendría efectos colaterales en las cadenas de pago: "Al mismo tiempo, esta norma va a afectar al sector productivo y privado porque mucha gente se va a atrasar en el pago de las tarjetas de crédito, evita el consumo y, por lo tanto, impide la reactivación de la economía".

Con esta norma del Banco Central de la República Argentina los médicos, los policías, los docentes y miles de empleados estatales no van a cobrar su sueldo el próximo 31 de enero o 1 de febrero, en casi todo el país. pic.twitter.com/M62w3bFozM

— Danya Tavela (@danyatavela77) January 26, 2024

Desde los gremios estatales manifestaron su "preocupación" respecto a esta situación a la que interpretan como una consecuencia "de la confrontación del Gobierno central con las provincias y en la que quedan rehenes los trabajadores porque parte de esos recursos corresponden a masa salarial". Así y todo, remarcaron a este medio que la fecha de cobro no es uniforme en toda la administración pública" y que depende de cada provincia y municipio en particular.

"Esta norma sí existe y se puede apelar a ella para que no se demoren en el pago de los salarios", detallaron fuentes gremiales. De caerse tal como preanunció Adorni, en la práctica constituirá una herramienta financiera menos en manos de gobernadores y jefes comunales a su disposición para la administración cotidiana por cuanto las entidades bancarias ya no quedarán habilitadas, a partir del próximo mes, a anticipar esos recursos sin que la plata figure en caja. 

"Desde JxC siempre hablamos de la necesidad de un Banco Central independiente no solo para evitar que siguiera emitiendo ni financiando al Estado en el déficit público de Alberto Fernández y Massa, sino para que no fuera una herramienta de extorsión para municipios y provincias", cuestionó Tavela.

El Cronista intentó consultar con las autoridades del Banco Central sobre la continuidad de esta política o la decisión de suspenderla, pero no tuvo respuesta al momento.