Por: Laura Vales.

Los maestros del principal gremio docente de Jujuy, Adep, decidieron continuar con su paro por tiempo indeterminado. Durante el fin de semana debatieron una propuesta de aumento que el gobernador Gerardo Morales hizo a los sindicatos docentes para poner fin a este conflicto, que comenzó como un reclamo por los bajos sueldos y hoy abarca el rechazo a la Reforma de la Constitución, la defensa de los territorios de los pueblos originarios y los recursos naturales.

Aunque otras organizaciones -como Sadop, Cedems y la UDA-, levantaron la huelga, en Adep -que es el gremio de base de Ctera, con fuerte peso en las escuelas primarias y el nivel inicial--, consideraron insuficiente la oferta recibida. En las votaciones, sus maestras y maestros plantearon que no les preocupa  sólo los sueldos, sino la Reforma de la Constitución, que exigen que se anule. Piden, además, la renuncia del ministro de Seguridad por los últimos hechos de represión. En Jujuy también siguen en paro los trabajadores municipales del SEOM y los estatales de ATE, y anoche hubo una marcha de grupos de docentes autoconvocados, en contra de los gremios que aceptaron el acuerdo. Mientras tanto, el Poder Judicial imputó a 90 manifestantes, la mayoría de ellos detenidos durante la protesta frente a la Legislatura y otros en el corte de ruta de Purmamarca. Los abogados defensores describen un clima de amedrentamiento, con amenazas e intimidaciones.

Jujuy entra así en una nueva semana de conflicto. El gobernador Morales, ya lanzado oficialmente como precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, ha tenido que ir cediendo a las demandas salariales de los gremios, aunque lo ha hecho de manera parcial, como para que el frente de lucha se vaya desgranando. Pero se mantiene cerrado en la defensa de su nueva Constitución, en la que limitó el derecho a la protesta ("Nuestro espacio tiene mucha musculatura para garantizar la gobernabilidad", definió en estos días) y endurece las medidas contra quienes se manifestaron en su contra.

La posición de los maestros

Como se recordará, el sábado 17 la policía de Jujuy desalojó con violencia el corte de ruta de Purmamarca --aunque las comunidades originarias volvieron a instalar el piquete-- y el martes, las protestas por la jura de la nueva Constitución fueron seguidas de otra brutal represión. Los gremios docentes, acompañados por otros sindicatos estatales que en este conflicto se fueron agrupando en una intergremial, volvieron a manifestarse el miércoles siguiente a la represión, y el jueves. El viernes la gobernación intentó armar una contramarcha, "por la paz", pero la concurrencia resultó pobre. Ese día las autoridades hicieron la propuesta a los gremios de docentes -y otras similares a los estatales- que vienen reclamando aumentos de salario. 

La oferta a los gremios docentes fue un salario inicial de 200 mil pesos. De esa manera mejoraron las propuestas planteadas hasta entonces, de un salario inicial 179 mil pesos que Morales la había presentado como última oferta posible, con un “hasta aquí llegamos” pero frente a la continuidad de las marchas se estiró un poco más.

Los maestros de Adep debatieron esta oferta en una serie de asambleas realizadas el sábado en sus nueve delegaciones: Jujuy capital y las localidades Tilcara, Humahuaca, Abrapampa, La Quiaca, Ledesma, San Pedro, Perico y Palpala. Ayer sus congresales hicieron un encuentro en el que la propuesta de Morales fue rechazada por unanimidad.  

 "Lo preveíamos”, dijo la secretaria general de la Adep, Silvia Vélez, refiriéndose al clima que ve entre los docentes de su gremio. La dirigente agregó que la decisión de continuar con el paro "no sólo tiene que ver con lo salarial, sino también con el rechazo a la reforma de la Constitución provincial".

En lo económico, el motivo del rechazo es que si bien el salario de bolsillo llegará a 200 mil pesos, la provincia sigue manteniendo bajo al salario básico, que quedaría, incluso con este último aumento, en 62 mil pesos. Esto es así porque en el aumento ofertado hay muchos items no remunerativos: es un aumento que "no rinde". 

Otra manera de ver el tema es comparar el ingreso docente con la canasta básica. En mayo, una familia jujeña de cuatro integrantes, dos adultos y dos niños, necesitó 198 mil pesos para no ser pobre; a esa suma sólo la estaba consiguiendo una maestra con 20 años de antigüedad, es decir una minoría. La nueva oferta, incluso siendo de 200 mil pesos, sigue sin garantizar que todos los docentes queden por encima de la línea de pobreza porque en junio los precios continuaron aumentando. 

Otros gremios

Pero como se dijo, otros gremios docentes la consideraron aceptable o por lo menos suficiente para tomarse un respiro en el conflicto, que ya lleva 21 semanas. Anoche, maestros autoconvocados de uno de estos sindicatos, el Cedems, hicieron una marcha de antorchas, disconformes con el levantamiento del paro. A su vez, el ministerio de Educación hacía circular un flyer con la promesa de no descontar los días de huelga a quienes hoy se presenten a dar clases.

Los maestros de Adep anunciaron nuevas marchas y permanencias al costado de las rutas. También escribirán una carta abierta para hacerla circular en los grupos de padres y alumnos.

Por otra parte, los municipales (SEOM) y estatales de la provincia (ATE) continuan de paro, ya que consideraron insuficiente el aumento salarial propuesto por la gobernación, que en el caso de los municipales, consistía en llevar a 130 mil pesos el salario inicial. 

90 imputados por protestar

En cuanto a los manifestantes que participaron en las protestas contra la nueva Constitución, el Ministerio Público de la Acusación imputó a 90 personas.

Un grupo de 25 fueron detenidos en el desalojo del corte de ruta de Purmamarca, el sábado 17. Los acusaron por el cargo de "entorpecimiento de transportes y servicios" (artículo 194 del Código Penal), por  "dañar bienes de uso público" (artículo 184, inciso 5); "resistirse a la autoridad" y "lesionar a miembros de fuerzas de seguridad”.

Otros 65 encausados son del grupo de detenidos el día de las protestas frente a la Legislatura, cuando fue jurada la Constitución. Los delitos que les atribuyen son "atentado a la autoridad", "resistencia a la autoridad" ,"lesiones”, "daños a bienes de uso público" "estragos" y “entorpecimiento funcional", por haber intentado impedir la sesión, junto con la violación del artículo 194, por cortes de calle. 

Para los abogados defensores se trata de imputaciones que tienen, básicamente, el fin de atemorizar a quienes vienen participando de movilizaciones.

"Las detenciones que vimos fueron en su gran mayoría al voleo. Vimos que muchas personas fueron detenidas sin pruebas, incluso horas después de los incidentes y en lugares muy apartados de la Legislatura", señaló anoche la abogada Mariana Vargas. En el grupo de abogados que asumieron la defensa de los detenidos señalan, además, que tras la represión se instaló un clima de amenazas. Por ejemplo, "efectivos de las brigadas de investigaciones se presentan en las casas de integrantes de distintas organizaciones para averiguar datos de las personas que viven en el lugar. Esto es parte de un cercenamiento de las libertades democráticas de quienes, oponiéndose a la Reforma de la Constitución, o en reclamo de salarios, tienen el derecho a movilizarse y a expresar su opinión, sean mayoría o parte de una minoría". 

Vargas debió presentar anoche un hábeas corpus en favor de un joven que fue detenido el viernes por filmar con su teléfono celular el paso de un grupo de policías. "Su video muestra a unos custodios transitando por una vereda, el chico en la filmación comenta que seguramente iban a la casa del gobernador Morales. La policía se lo llevó detenido por el solo hecho de haberla filmado, y lo mantiene privado de su libertad desde el viernes".