AJB se opone a la presencialidad de quienes recibieron una sola dosis de la vacuna

AJB se opone a la presencialidad de quienes recibieron una sola dosis de la vacuna

Los judiciales bonaerenses se reunión con funcionarios de la Suprema Corte y expresaron preocupación por el avance de la variante “Delta”, además marcaron los puntos fundamentales para el cuidado de la salud.

La Asociación Judiciales Bonaerenses (AJB) se reunió con funcionarios de la Corte Suprema Bonaerense para tratar varios de los temas en función de las tareas y necesidades del sector.  Los ejes fundamentales del encuentro se centraron en el trabajo presencial en el contexto de pandemia, recategorizaciones, incremento del valor de los subsidios y la presentación realizada por la AJB en relación al Acuerdo 4013.

Con la participación de Matías Alvarez, Daniel González y Néstor Trabucco, secretarios de Servicios Jurisdiccionales, de Personal y de Planificación de la Suprema Corte como representantes del estado y Pablo Abramovich, Jorge Sotelo y Mariano Fernández, secretarios General, Adjunto y de Derechos Humanos, del lado gremial debatieron la situación de los trabajadores judiciales.

En primer lugar se intercambiaron opiniones acerca de la continuidad del trabajo presencial durante el contexto de pandemia en virtud del vencimiento del plazo previsto en la Resolución SC 1035/21, que mantiene las condiciones de funcionamiento de las dependencias del Poder Judicial previstas en la Resolución SC 761/21, es decir con el personal mínimo indispensable y priorizando la realización de tareas de manera telemática.Luego la AJB reiteró la necesidad de conformar una mesa de trabajo para discutir el régimen de recategorizaciones permanente pactado en el acuerdo salarial del 8 de abril.Tambiénexpresaron la necesidad de acordar de manera urgente una instancia de diálogo a fin de poder debatir las modificaciones planteadas al proyecto por la organización sindical.Y se reiteraron  la demanda del incremento del monto de los subsidios.

Al término de la reunión, los funcionarios se comprometieron a elevar las solicitudes y reclamos del sindicato a la y los ministros de la Suprema Corte.

 Coronovirus: Trabajo presencial y dispensas

Los representantes gremiales manifestaron la necesidad de sostener preventivamente el sistema de trabajo en burbujas, ya que si bien se ha producido un importante avance en la vacunación contra el COVID-19, las últimas semanas se han registrado en nuestro país casos de contagio con la cepa “Delta”, la que se estima tendrá transmisión comunitaria en un futuro inmediato y que la experiencia internacional indica que es más contagiosa que otras variantes.

En cuanto a la posibilidad de convocar a trabajar de manera presencial a las personas vacunadas, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

• Que ante la circulación de la nueva cepa, la inmunidad oscila entre el 80 ó el 90% con el esquema de vacunación completo, en tanto que con una dosis el porcentaje es ostensiblemente menor. En función de ello, solo podría convocarse a las y los trabajadores que hayan recibido las dos dosis, una vez transcurridos 21 días desde la segunda aplicación.

•  La cantidad de personas trabajando de manera presencial debe permitir el cumplimiento de las condiciones previstas en el protocolo de prevención, tales como el distanciamiento social y la ventilación cruzada. En ese sentido, ante el incremento de la cantidad de trabajadores y trabajadoras habilitadas a concurrir a la dependencia, deberían conformarse más burbujas manteniendo el número de trabajadoras y trabajadoras de cada una de ellas.

•  La presencialidad de las y los trabajadores que estén a cargo de familiares y/o niñas, niños o adolescentes deberá estar sujeta a la posibilidad de contar con una alternativa de cuidado, manteniéndose las dispensas en el caso de las y los trabajadores que no cuenten con esa posibilidad, como así también de quienes deban hacer uso del transporte público para concurrir a sus lugares de trabajo.

 Recategorizaciones

Se reiteró la necesidad de conformar una mesa de trabajo para discutir el régimen de recategorizaciones permanente pactado en el acuerdo salarial del 8 de abril. En ese sentido, desde la AJB expresaron que se debe implementar un sistema que armonice el cambio de escala salarial con los correspondientes cargos del escalafón, ya que esto tiene un impacto directo en la carrera judicial.

 Subsidios

Respecto de este tema se reiteró la solicitud realizada el pasado 8 de julio, en la que requería el incremento del monto de los subsidios por nacimiento (Acuerdo 3212); jardines materno paternales (Acuerdo 3457) y fallecimiento, médicos y odontológicos (Acuerdo 3249), en función de la desvalorización producida sobre los mismos por la falta de adecuación al proceso inflacionario.

Así también se insistió en la necesidad de constituir un ámbito de debate en el cual establecer de forma paritaria criterios objetivos para determinar los montos y mecanismos de actualización automática de los subsidios.

Los funcionarios de la Corte informaron que se encuentran trabajando en la actualización del monto del subsidio por jardines materno paternales.

 Mandamientos y Notificaciones

Teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de puesta en vigencia del nuevo “Reglamento para las presentaciones y notificaciones por medios electrónicos”, aprobado por el Acuerdo 4013, se expresó la necesidad de acordar de manera urgente una instancia de diálogo a fin de poder debatir las modificaciones planteadas al proyecto por la organización sindical, manifestando los funcionarios que en los próximos días se realizaría la convocatoria a la reunión solicitada.

En este punto cabe recordar que el sindicato reclama una jerarquización de las oficinas de mandamientos y notificaciones, con la dotación de los recursos materiales y de personal suficiente para poder garantizar notificaciones confiables y en tiempo oportuno para el conjunto de la población.

Así también, una de las principales preocupaciones acerca de la puesta en funcionamiento del nuevo reglamento es que ciertos aspectos de la acordada reflejan un avance hacia la privatización de aspectos fundamentales del proceso judicial, profundizando la brecha existente respecto del acceso a la justicia de las personas con derechos vulnerados y aquellas que cuentan con los recursos necesarios.

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