“La determinación de cesantear a 380 trabajadores del Senasa es una más de las tantas medidas del plan de transferencia de poder a los privados para que controle la sanidad”, sostienen los empleados, que harán una huelga de 72 horas desde mañana.
El personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) agrupado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cumplió ayer “un paro nacional activo”, con asambleas en todo el país, en rechazo del anuncio de “nuevos despidos”, lo que provocará “el retiro del control del Estado de sus funciones indelegables”.
Además, las asambleas de trabajadores decidieron tarde otra huelga activa de 72 horas en todo el país, entre este miércoles y el viernes próximo, que incluirá “acciones regionales”, confirmó el sindicato en un comunicado difundido esta tarde.
El jefe de Coordinación de la Mesa Nacional de la ATE Senasa, Jorge Ravetti, confirmó la medida de fuerza que comenzará el miércoles próximo.
“Los trabajadores continúan resistiendo las arbitrarias y peligrosas decisiones de las autoridades del Senasa, que retiraron los servicios de inspección veterinaria de los frigoríficos y abandonaron las funciones de control del Estado sobre los alimentos que consume la población en las manos de los sectores privados”, puntualizó Ravetti.
Un comunicado gremial firmado por el dirigente señaló que “los funcionarios del Senasa procuran aplicar la figura de ‘Director Técnico’ -que cobra de entidades privadas- en los lugares de producción y elaboración de alimento animal y vegetal”.
La eliminación de los servicios estatales de inspección veterinaria genera “un doble estándar sanitario: se extreman los controles de las exportaciones y se abandonan los del consumo interno, por lo que la ciudadanía está expuesta a enfermedades, como la Escherichia Coli o el Síndrome Urémico Hemolítico, por ejemplo”, indicó Ravetti.
“Además de haber dejado de pagar los alquileres de los edificios en los que funcionan las 400 oficinas sanitarias de campo, lo que obliga a depender de las entidades agropecuarias como la Sociedad Rural Argentina (SRA), el personal debe subordinarse por ello al poder de las cámaras del sector, que asumirán funciones indelegables. Ello provocará que profesionales y técnicos dependan de la caridad”, enfatizó.
Ravetti añadió que “las autoridades del Senasa (Ceos de CREA, Techint y SRA) aducen falta de presupuesto, y exigen y aprietan profesionales para que soliciten a las sociedades rurales del interior un lugar para continuar funcionando”, y explicó que transfieren a los privados los programas de erradicación y prevención de plagas que afectan a los cítricos (HLB y mosca de los frutos), a las vides (Lobesia Botrana) y a la producción de algodón (picudo de algodón), por ejemplo, puntualizó el dirigente.
También sostuvo que esas decisiones comprometen de forma seria “la credibilidad internacional sobre los controles nacionales y el prestigio logrado y arriesga la pérdida de mercados, ya que se puede producir alimentos para 400 millones de personas”.
“La determinación de cesantear a 380 trabajadores del Senasa es una más de las tantas medidas del plan de transferencia de poder a los privados para que controle la sanidad. Se despiden empleados que se ocupan de salvaguardar la sanidad alimenticia”, afirmó.
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