Por Fabricio Navone

El conflicto gremial que comenzó con un reclamo salarial y derivó en la expulsión de 25 trabajadores, tiene paralizada a la playa de contendedores desde hace más de un mes y hay preocupación empresaria por los insumos industriales que quedaron varados en el puerto rosarino y que impacta en la producción.

Conciliaciones obligatorias de por medio, reincorporación de 20 despedidos y marchas violentas que incluyeron destrozos en la Municipalidad de Rosario y el Concejo, en el gobierno provincial observan con preocupación cómo se fue dilatando el conflicto y sospechan de un interés del concesionario para que ello ocurra.

Es que hace más de 10 años, cuando gobernaba el socialismo, el Puerto de Rosario quedó en manos de la sociedad entre Vicentín y la chilena Ultramar luego de la salida escandalosa del catalán Jordi Pujol y el rosarino Gustavo Shanahan, hoy imputado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Desde entonces, los nuevos administradores que conformaron Terminal Puerto Rosario -TPR- se comprometieron a reactivar la playa, invertir en obras urgentes en los dos muelles y ampliar la logística de contenedores. En parte, se lograron convenios con nuevas empresas interesadas en operar desde Rosario, como General Motors, pero de los 500 millones de dólares necesarios en infraestructura, poco o nada y el potencial del puerto que supo ser el más importante del país, nunca recuperó su peso.

Desde la UIA manifestaron su preocupación y dijeron que hay más de  mil contenedores parados en las instalaciones portuarias con insumos para la industria como también productos perecederos, e incluso crítico como alimentos y farmacéuticos además de "perturbar seriamente la operatoria de coemercio exterior, generando el doble perjuicio de impedir el abastecimiento local y el ingreso de divisas al país", sostuvo la entidad a través de un comunicado.

Además, el escándalo que estalló tras la detección de 1.400 kilos de cocaína en la terminal y otros 1.600 kg preparados para salir por el mismo circuito, dejó en evidencia la laxitud de los controles y ubicó al Puerto de Rosario como un eslabón logístico fundamental para el tráfico internacional de drogas.

Toda esta situación está sobre el escritorio del gobernador Omar Perotti quien no descarta rescindir la concesión para avanzar en una nueva administración, dijeron fuentes oficiales que hablaron con LPO.

 El escándalo que estalló tras la detección de 1.400 kilos de cocaína en la terminal y otros 1.600 kg preparados para salir por el mismo circuito, dejó en evidencia la laxitud de los controles y ubicó al Puerto de Rosario como un eslabón logístico fundamental para el tráfico internacional de drogas

En principio, para la Casa Gris es innegociable la salida de Vicentín de la sociedad, luego que la agroexportadora entrara hace tres años en concurso y haya tenido durante estos años el mayor porcentaje accionario de Terminal Puerto Rosario.

Sin embargo, para que la chilena Ultramar continúe al frente exige, al menos, un socio local. Como los jugadores con la capacidad para administrar el puerto no son muchos, en el gobierno provincial observan los movimientos de Juan Manuel Ondarchú, el san nicoleño titular de Grupo Servicios Portuarios S.A.

Por otro lado, las críticas también recaen sobre el gigante chileno: "Fueron muchos años de incumplimientos de los actuales concesionarios, qué nos garantiza que Ultramar cumpla nuevos compromisos cuando no pusieron un peso de lo que tenían que invertir", reflexionó un funcionario que habló en off con este medio.

El gobernador Omar Perotti quien no descarta rescindir la concesión para avanzar en una nueva administración

Es que los dos muelles necesitan obras estructurales por 500 millones de dólares y se requiere de un plan de inversión serio que contemple financiamiento internacional y un esquema de negocios que permita recuperar los fondos. En el sector aseguran que el potencial es inmenso y fácilmente amortizable.

A su vez, Ultramar Agencia Marítima opera terminales en toda América, desde Argentina a Canadá, y el escándalo por las cargas de cocaína que se descubrieron en Rosario impactó en la imagen empresaria generando preocupación extrema en el holding.

Como sea, esta situación también se cristalizó en el SUPA Rosario -Sindicato Unidos Portuarios Argentinos- y explica en gran medida el conflicto sindical. Su secretario general, César Aybar, mantiene una puja interna con las segundas líneas que le reprochan haber reinado en sintonía con Gustavo Nardelli, uno de los titulares de Vicentín que estuvo al frente de TPR. Con los rumores de desplazamiento de la agroexportadora del puerto, en el gremio se detonó una puja por el futuro de la institución.

Además, en el gobierno santafesino sospechan que el alargamiento del conflicto podría responder a una estrategia de la empresa para ganar tiempo, llegar a las elecciones y confiar en un cambio de color político en el gobierno nacional y provincial que sea afín a los intereses de la actual administración. Nardelli fue uno de los hombres más cercanos a Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de Macri.

"Se equivocan si creen que un triunfo de Juntos por el Cambio va a suceder lo mismo que pasó en 2015 donde iban al Banco Nación a buscar fondos a demanda después de todo lo que pasó", dijeron desde la Casa Gris.