La intención de aguardar por el contenido del mensaje que el presidente Mauricio Macri pronunciará hoy ante el Congreso determinó ayer a la CGT a suspender sobre la hora la primera reunión del año de su consejo directivo, en la que tenía previsto analizar la situación económica y social y evaluar su estrategia de cara al año electoral. "No era recomendable apurar nada", confió un dirigente a este diario. Pero a pesar de que no hubo foto pública, las conversaciones entre la primera línea cegetista se sucedieron en las últimas horas con un denominador común: las diferencias que los gremialistas tienen con algunos de los puntos del proyecto de blanqueo laboral que alienta el Gobierno.

La iniciativa, cuyo envío al Congreso prevé anunciar hoy el Presidente, contempla un plan para la registración de 1.000.000 de trabajadores informales en el plazo de un año y la creación de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), una entidad con la que obras sociales y prepagas se proponen frenar la ola de amparos judiciales que disponen la cobertura de servicios médicos no cubiertos por el PMO.

Desde la conducción de la CGT ratifican su respaldo a la propuesta de blanqueo, que contempla la condonación de deudas por contribuciones patronales para las empresas que formalicen a su personal y la excepción de aportes por dos años tras la registración. Pero advierten sobre sus diferencias sobre otro aspecto clave de la iniciativa: la propuesta oficial de reformular la ley 24.013 (de regularización del empleo no registrado) para reducir las multas que se aplican a aquellas compañías que no cumplen con el blanqueo de sus trabajadores.

"Ese planteo tiene el efecto contrario porque solo sirve para desincentivar la regularización", se quejaron desde la central obrera ante la consulta de este diario. Un asesor cegetista ejemplificó el impacto: "Con la ley actual una empresa que despide a un trabajador en negro tiene que pagar un monto equivalente a tres indemnizaciones comunes. Pero si se cambia va a pagar solo una indemnización. Se elimina el incentivo para registrarlo".

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No obstante, algunos sindicalistas se mostraron optimistas respecto al diálogo que mantienen con funcionarios del Ejecutivo para destrabar los puntos conflictivos de manera de que el proyecto quede definido para ser enviado en los próximos días al Congreso. Otros dirigentes, en cambio, fueron más tajantes: "Si esto no lo sacan, no vamos a respaldar el proyecto", indicaron.

Ese no es el único aspecto de la propuesta que genera rechazos en los gremios. También se plantearon cuestionamientos sobre el articulado vinculado a la Agnet, pese a que su creación fue alentada por la dirigencia sindical. La crítica en ese caso se relaciona con el poder real que tendrá la futura agencia para contener los amparos. En la interpretación gremial, la opinión de la Agnet debería ser consultada en forma obligatoria por parte de los jueces, previo a hacer lugar a los reclamos por coberturas médicas no incluidas en el PMO.