La comunidad internacional mira con preocupación el desempeño del Gobierno nacional de Javier Milei ante la protesta gremial. Cuando faltan días para el paro nacional que encabezarán las principales centrales sindicales en protesta por el DNU y la Ley Ómnibus, la Organización Internacional del Trabajo habilitó el tratamiento de una queja que presentó la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores por las multas millonarias impuestas por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich a decenas de sindicatos por la movilización de fines de diciembre pasado. La decisión de la OIT es toda una señal para los gremios. "Ya inició su curso institucional", señalaron a este diario sobre la queja y advirtieron que el trámite puede escalar hasta “sanciones de consecuencias inéditas para el país”.

El 27 de diciembre la Plaza Lavalle y los alrededores se llenaron de manifestantes, en su mayoría movilizados por organizaciones gremiales, para acompañar la presentación judicial de la CGT contra el DNU con la que el gobierno de Milei intentó una reforma laboral de cuajo. Los primeros días de enero, la CGT, las CTA y decenas de sindicatos recibieron cartas documentos con multas que ascendían a 40 millones de pesos emitidas por el Ministerio de Seguridad. Además, de rechazar su pago, las centrales obreras elevaron una queja por estas imposiciones ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, que el viernes comunicó que habilitó el tratamiento de la presentación.

Desde el Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del trabajo de la OIT confirmaron la recepción de la demanda y el inicio de su curso formal que, en principio consiste en la solicitud de información de complemento a las centrales obreras y al Gobierno nacional. En un comunicado emitido el viernes, la CGT indicó que el director general del organismo, Gilbert Houngbo, se comunicó con Milei para solicitar “explicaciones por los flagrantes alegatos de violaciones a la libertad sindical y a los convenios internacionales” que implican las multas impuestas a los gremios.

El pasado 15 de enero y de manera conjunta, la CGT y las CTAs presentaron su queja tras ser multados por el Ministerio de Seguridad nacional en el marco de la aplicación del protocolo antipiquetes implementado por Patricia Bullrich durante sus primeros días de gestión. "El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargos del costo", sostuvo la ministra a mediados de diciembre, cuando presentó la norma en público.

Desde la CGT advirtieron en declaraciones a este diario que la queja presentada por las entidades argentinas “ya inició su curso institucional” y puede escalar hasta “sanciones de consecuencias inéditas para el país”. Las centrales demandaron al Gobierno por violar, con las sanciones, la libertad sindical y el derecho a huelga, garantizado en el convenio 87 de la OIT. “Se trata de estándares internacionales con los que Argentina se comprometió y que en el país tienen rango supralegal. Es como si violaran la Constitución nacional”, puntualizaron fuentes de la central.

Las sanciones que podría recibir el país tendrían repercusión en los estándares de Argentina en el marco del comercio internacional en cuanto a las condiciones de libertad sindical que se viven dentro del territorio. “Argentina no está en condiciones de bajar su estándar en el intercambio internacional, no nos va a comprar nadie nada, no nos van a atender el teléfono”, alertaron.

Según el análisis que realizan las centrales, la avanzada del Gobierno nacional contra el movimiento obrero “tomó ribetes internacionales impensados, incluso para nosotros mismos”. Así, el destrato que dedica a sus integrantes y a los derechos laborales históricamente conquistados en Argentina “está haciendo quedar mal al país ante la comunidad internacional que repercute en todas las áreas. Ningún país quiere pasar por esto”, confiaron.

En tanto, ni las multas ni las amenazas de descuento de paro hicieron mermar la intensidad que promete la jornada de movilización y paro nacional del próximo miércoles en protesta por el DNU y la Ley Ómnibus, “ambos repletos de aberraciones”, señalan en el entorno de la CGT. Prevén una jornada multitudinaria, incluso con movilizaciones en varias embajadas argentinas en el resto del mundo en solidaridad con la medida. “Exigimos el rechazo del DNU y la no aprobación de la ley, no hay camino”, concluyen.