En este contexto, cobra importancia la necesidad de establecer un marco de cooperación tripartita de cara a la implementación de los Principios Rectores, que involucre a gobiernos y empresas, pero también a un actor fundamental de la escena laboral: los sindicatos. Es vital que los sindicatos aborden la diligencia debida en derechos humanos, porque ésta puede favorecer en el corto y mediano plazo espacios de diálogo social y la negociación colectiva, y por consiguiente, fortalecerá las organizaciones en la medida que dará una mayor cobertura a la acción sindical en defensa de los derechos laborales. 

Por otra parte, el rol de los sindicatos en el marco de la debida diligencia es la de supervisión y de ser garantes del completo cumplimiento de este proceso y del respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Además, los sindicatos son proclives a asumir un rol protagónico en la supervisión, vigilancia e intermediación en los casos de vulneraciones que se presenten ante los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, en su capacidad de defensa de los derechos humanos y laborales.

En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo, en el marco del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), organizó un curso virtual dirigido a representantes sindicales de la región del 26 de octubre al 20 de noviembre. “El objetivo del curso fue el de capacitar a los actores sindicales en el uso estratégico de los mecanismos y marcos normativos sobre Conducta Empresarial Responsable y plantear estrategias para su efectiva inclusión y participación en los diferentes espacios de diálogo social y fortalecer sus capacidades de incidencia en los Planes Nacionales de Acción”, explicó Olga Orozco, jefa del Proyecto CERALC para la OIT.

“La adopción de los Principios Rectores implicó un cambio de paradigma, puesto que se convirtió en el punto de convergencia y de arranque de una nueva discusión, con una perspectiva de menor confrontación y de mayor colaboración entre las diferentes partes involucradas. El potencial de este instrumento es ser un elemento de crecimiento en la acción sindical, impulsar la representatividad efectiva y colaborativa en el desarrollo de una defensa más integral de los derechos de los y las trabajadoras”, destacó Almudena González, capacitadora del curso.

En el curso participaron 100 representantes de 25 organizaciones sindicales de 9 países de América Latina, se abordaron las principales herramientas de Conducta Empresarial Responsable en las cadenas mundiales de suministro, retos en el actual contexto global y de la COVID 19, y las capacidades de los sindicatos para incidir en los Planes de Acción Nacionales de la región.

Las dos últimas sesiones del curso estuvieron destinadas a trabajar junto a los sindicatos en dos líneas de acción que permitirán dar seguimiento e implementar los conceptos tratados durante el curso. Por un lado, se identificó la necesidad de establecer espacios de coordinación e intercambio de experiencias, para atender las lecciones aprendidas y compartir información a nivel internacional. En este sentido, se coordinó con las Federaciones Internacionales Sectoriales para crear puntos focales en el Movimiento Sindical por Central o Confederación de forma que se pueda monitorear la información y dar seguimiento a los procesos a nivel local y subregional. Como segunda línea de acción, surgió la necesidad de diseñar un curso de formación de formadores para poder promover la formación a sindicatos de base, así como promover campañas de difusión que promuevan a la vez el diálogo social como sostén de estos instrumentos. Finalmente, se propuso generar un Grupo de estudio que apoye en el diseño y coordinación de las estrategias sindicales para la promoción de la Conducta Empresarial Responsable.

Julio Bazán, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), organización sindical que forma parte de la construcción de la línea de base para el Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos de ese país, que se espera que se apruebe en 2021, resaltó los aportes del curso y las herramientas prácticas entregadas:

“El curso nos aportó herramientas muy importantes que esperamos hacerlas efectivas en la implementación del Plan de Acción en Derechos Humanos en Perú. Vemos como un gran desafío que estos mecanismos son todavía voluntarios, pero es indiscutible que avanzamos hacia una mayor obligatoriedad. En el trabajo en el Plan de Acción de Perú estamos poniendo especial énfasis en los derechos laborales, como ser la negociación colectiva, la solución de controversias y los mecanismos de remediación. Hemos coordinado el trabajo con las centrales sindicales, el gobierno y las empresas buscando consensos en esta materia, que nunca es fácil. En Perú, por ejemplo, tenemos muchos desafíos para que las empresas inicien procesos de debida diligencia de manera voluntaria”.

Sobre el Proyecto CERALC

El Proyecto CERALC busca promover la conducta empresarial responsable mediante el apoyo al desarrollo y la implementación de Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos, el fortalecimiento de la Debida Diligencia y el intercambio de buenas prácticas en la materia.