Por: Felipe Yapur.

No están muy de acuerdo pero tampoco hay una posición unificada de manera oficial y por supuesto que se sienten interpelados. Es más, en la CGT afirman que es un "tema delicado" y que es imprescindible generar un espacio de debate con todos los protagonistas. El tema de la deuda histórica que tiene el Estado con las obras sociales sindicales sobrevuela las charlas fuera de micrófono. Es una forma de decir no. También están los que sostienen que lo que plantea CFK ya se aplica desde hace años y que habría que mejorarlo y/u ordenarlo. Pero sobre todo, usan este argumento para separar lo que dice la vicepresidenta de lo que, afirman, propone el viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Del funcionario dicen que lo que en realidad quiere es un sistema estatal unificado de salud y que es imposible de aplicar. 

"Es un tema muy delicado y nosotros tenemos nuestra experiencia y somos una realidad estructural", sostiene uno de los integrantes del consejo directivo de la Confederación General del Trabajo. El dirigente, de larga trayectoria, no se opone a una posible unificación del sistema pero entiende que antes deben darse ciertas condiciones. Una de las primeras condiciones es la económica y señala que "hay que sanear toda la deuda que el sistema público tiene con las obras sociales". La afirmación va acompañada de otro dato y es que por imperio de esa deuda, prometida por varios gobiernos y no saldada, obligó a las entidades sindicales a sostener la prestación de salud con dinero propio "para que no se corten las prestaciones". 

El papel de la Superintendencia

El dinero para las obras sociales debe salir de la Superintendencia de Servicios de Salud pero que, los dirigentes recuerdan y subrayan, en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner no se pagó. Es cierto, dicen que Mauricio Macri prometió y tampoco cumplió. Algunos directivos de la CGT dicen que tienen puesta la esperanza en que el gobierno de Alberto Fernández cumpla con lo prometido. Otros, algo más enterados de esas cuestiones dicen que "ha comenzado a fluir el dinero, poco pero fluye". A esto le adjuntan una aclaración cuando dicen que el dinero que llega no cubre los gastos que tienen las obras sociales para algunas patologías y aparatología que cuestan cada vez más por estar valuadas en dólares. Pero además advierten que en el marco de la pandemia los hospitales de las obras sociales soportaron y soportan el peso de atender incluso a pacientes de prepagas. 

En este contexto, algunos integrantes de la conducción cegetista se inclinan por decir que la reforma que propone CFK necesitará, de manera obligada, recorrer "un largo largo camino". Otro dirigente, un poco más directo, afirmó a este diario que "no hay condiciones políticas ni sociales para implementar esa reforma". De todas formas, este dirigente busca hacer una diferencia entre lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner y lo que proponen algunos sectores del Frente de Todos.

Cristina Kirchner y las prepagas

Sobre lo que propone la vicepresidenta en la CGT están los que dicen que ella se refiere a algo que "ya está funcionando y es la interacción e integración" de los sistemas públicos (nacionales, provinciales y municipales), obras sociales y las privadas. A partir de ello deslizan la posibilidad de que la vicepresidenta esté mal asesorada. Recurren al ejemplo del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) que funciona en la provincia de Buenos Aires: "Ese es el mejor ejemplo de lo que propone Cristina y está funcionando", dicen y remarcan que la ley que lo organizó es del año 2000. El dirigente que trae a colación el caso del SAMO afirma que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona un sistema parecido y que en todas las provincias pasa exactamente igual. Es más, indica las grandes obras sociales sindicales tienen una organización parecida entre sus propias clínicas. Lo otro que destaca es que cada una de las cosas que propuso CFK "ya está normada".  

Ahora bien, los dirigentes que usan este argumento para oponerse a la propuesta de la vicepresidenta dicen que lo que ella dijo es muy diferente de lo que propone el viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Del funcionario dicen que lo que pretende "es implementar un gran PAMI nacional donde todos se atiendan en una sola organización y eso es política, social y económicamente imposible". Una afirmación que es rápidamente desmentida en la provincia de Buenos Aires, donde sostienen que la integración de los sistemas se hizo "a las patadas" y forzada por la crisis que generó la pandemia. 

Los dirigentes sindicales, en tanto, advierten que los que nunca se querrán integran son los dueños de las prepagas. Es más, afirman que más allá de que piden y exigen el incremento del valor de las cuotas, en rigor son los únicos beneficiados en esta historia porque "los empleados en blanco sostienen a la medicina privada porque cuando se incrementan sus sueldos por las paritarias también sube el aporte a las obras sociales que, como se sabe, muchas son controladas por las prepagas".