Criticaron, además, la postura de la jueza que dispuso el cierre de la planta para solucionar el conflicto empresarial, sin tener en cuenta las consecuencias sociales que esa medida implicó.

Noemí Tejeda, Oscar Gandi y Walter Montenegro, como representantes de la CTA kirchnerista en La Pampa, mantuvieron un encuentro formal con el ministro Ferrán, quien les informó las últimas novedades sobre la situación de la planta fabril Colonia Lechera Modelo, ubicada a la vera de la Ruta 5, en cercanías a Anguil.

En conferencia de prensa, Gandi señaló que uno de los planteos que le hicieron al funcionario provincial fue la pasividad aparente del gobierno en el conflicto, algo que fue desmentido por el propio Ferrán. "Nos dijo que nunca estuvieron al margen de la situación, a pesar de que se trata de un conflicto entre privados", comentó.

Los gremialistas, además, afirmaron que el gobierno pampeano "se comprometió a reactivar la fábrica de alguna forma, ya sea con los nuevos dueños o los anteriores". Y agregaron: "Inclusive, están pensando en alguna forma de avanzar a través del consorcio que conformaron y que tenía tramitado ante Nación un subsidio de 3 millones de pesos". De ese dinero, explicaron, hay 2.300.000 que se los deben devolver a la Provincia, "que los tendrá en guarda y no los devolverá, esperando la reactivación de la planta".

Sergio Prieri, junto a José Luis Clerici, adquirió la planta láctea hace más de dos años, aunque la falta de pago terminó con el desalojo de los trabajadores dictado por la Justicia para que el dueño original de las instalaciones, Luis D'Espósito, se quede nuevamente con la fábrica.

Fondos.

El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales giró a la Municipalidad de Anguil unos 30 mil pesos durante los últimos días para que sean repartidos entre los 14 trabajadores que se quedaron sin empleo. "Estos montos serán repartidos por el intendente (Héctor Delahaye), de acuerdo a las condiciones de cada uno de los empleados", manifestaron. Existe también un compromiso de gestionar ante el Ministerio de Bienestar Social una ayuda a los operarios, mientras se regulariza su situación en la ex Consommé.

Los gremialistas, además, hicieron referencia a la cuestión judicial. Criticaron la intervención de la jueza civil María del Carmen García, representante del Juzgado Civil y Comercial 15 de la Ciudad de Buenos Aires, que remitió el desalojo de la planta en su momento.

"Se pidió la ampliación de los plazos para hacer los pagos -por la compra de la planta-, pero la jueza no lo acató y por eso dio la resolución de poner todo en guarda del dueño anterior, como depositario de los bienes. Eso está apelado, y se definirá al término de la feria", comentaron.

Por último, los sindicalistas manifestaron que la magistrada debió tener en cuenta la importancia de sostener "la fuente laboral" al momento de tomar la decisión de cerrar de la planta. "Se podría haber intervenido en la situación de intereses privados manteniendo la producción, que estaba arrancando. Fue una decisión inexplicable", explicaron.