Integrantes de pueblos originarios y movimientos populares se manifestaron ayer  frente al Congreso Nacional durante la sesión de jura de los nuevos diputados nacionales para pedir la prórroga de la Ley 26.160, conocida como "Ley de Tierras", que obliga a efectivizar la demarcación de los territorios que ocupan ancestralmente y frenar los desalojos con el objetivo de obtener la "Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra".

La movilización comenzó se realizó desde  Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza Congreso, donde los pueblos originarios acampan desde hace más de 40 días.

"Nosotros estamos acampando desde el 26 de octubre y el reclamo es que se vote la prórroga de la Ley 26.160 que reconoce los territorios y frena los desalojos. En el Senado ya tiene media sanción y dictamen favorable en la Comisión de Diputados y lamentablemente los diputados no la votan; por eso estamos tratando de forzar que ese se realice porque en los territorios, si la ley se cae, va a ser una masacre", dijo a Télam Walter Barraza, integrante de la Comunidad Wayra Ryma del Consejo de la Nación Tonokoté Llutki de Santiago del Estero.

Ante la inminente caída de esta Ley, que vencía el pasado 23 de noviembre, el 18 de ese mes el presidente Alberto Fernández emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) prorrogando los efectos de la normativa hasta el 23 de noviembre de 2025.

"El Poder Ejecutivo nacional sacó un DNU que prorroga la ley pero eso es una ley de debilidad terrible porque cualquiera lo puede cuestionar; de hecho ya lo están cuestionando diputados en el sur y es una cuestión de vida o muerte, hay riesgo de vida", advirtió Barraza, quien también es referente de Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA).

"En 15 años, de 2006 hasta ahora, solo se relevó el 42% de las 2.000 comunidades que somos en lo que hoy es Argentina", criticó el referente, y señaló que la ley se debería votar antes del 10 de diciembre porque con "la nueva composición del Senado y de Diputados va a ser mucho más difícil que ahora".

Recordó que en 2006 el Estado argentino fue intimado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos "porque había mucha violencia y muchas muertes en las usurpaciones de territorios indígenas y campesinos".

Además, destacó que esta ley significa "el primer paso para la titularización, porque lo que hace es reconocer el territorio comunitario, actual y público que sostenemos las comunidades indígenas. Y mientras se hace el relevamiento, esta ley frena los desalojos".

Añadió que "las 7 millones de hectáreas que ya están relevadas por la Ley 26.160 son un aporte de nuestros territorios indígenas a frenar el calentamiento global y el cambio climático". Y advirtió que "la derecha va por los recursos naturales y este gobierno duda". Barraza concluyó que acamparán "hasta que se apruebe". El reclamo fue acompañado por organismos de derechos humanos, movimientos sociales, universidades y gremios.

Fuente: Telam