El Gobierno presentó un proyecto de reforma laboral con el objetivo de actualizar el marco normativo del trabajo, buscando disminuir la litigiosidad y brindar mayor seguridad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores.

La iniciativa se enfoca principalmente en las PyMEs, que enfrentan juicios de alto costo y un volumen creciente de reclamos vinculados al empleo. En la actualidad, el país registra más de 637.000 expedientes laborales activos.

De ese total, cerca de 308.000 corresponden a causas por riesgos del trabajo y 329.000 a despidos. Solo durante 2025 se iniciaron más de 122.000 demandas en el sistema de riesgos laborales, lo que constituye un récord histórico, según datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Este escenario implica que cerca del 10% de los trabajadores registrados podría estar involucrado en algún proceso judicial.

Reforma Laboral 2026: Qué cambiará para los trabajadores en relación de dependencia

Entre los principales puntos, el proyecto establece que la indemnización por despido sin justa causa tendrá carácter total y cancelatorio, lo que impediría nuevos reclamos una vez abonada. Asimismo, se detalla que la base de cálculo no incluirá conceptos no mensuales, como vacaciones, aguinaldo o premios extraordinarios.

En cuanto a los créditos laborales, se prevé una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual, eliminando la capitalización de intereses. Para las pymes, se habilita la posibilidad de pagar sentencias en hasta 12 cuotas, siempre bajo control judicial, con el fin de aportar previsibilidad financiera.

El proyecto también introduce cambios procesales relevantes. Entre ellos, la obligación de presentar las pruebas al inicio del juicio, sin plazos posteriores; los avances de los expedientes quedarán a cargo de las partes, sin impulso de oficio del juez; y se establece la caducidad de la instancia si no hay actividad del trabajador durante seis meses.

Asimismo, los conflictos laborales con el Estado pasarán al fuero contencioso administrativo y se fijan criterios obligatorios de la Corte Suprema para los jueces laborales, con sanciones en caso de incumplimiento.

Riesgos del trabajo, autónomos y nuevos fondos

En materia de riesgos del trabajo, la reforma fija un plazo de 90 días para la constitución de Cuerpos Médicos Forenses en las jurisdicciones que adhieran. Además, los honorarios de los peritos dejarán de calcularse en función del monto del juicio o del porcentaje de incapacidad y pasarán a un esquema de tarifa fija.

Respecto de los prestadores de servicios, el proyecto redefine su encuadre y los considera trabajadores autónomos, con el objetivo de reducir la litigiosidad vinculada a reclamos por relación de dependencia. En este punto, se mantiene el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) como instancia previa al acceso a los tribunales.

Otro eje central es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que se financiarán con un aporte equivalente al 3% de las remuneraciones de los empleados, calculado sobre la misma base que las contribuciones patronales.

El fondo estará destinado a garantizar el pago de indemnizaciones y apunta a disminuir la cantidad de juicios laborales. No obstante, aún quedan pendientes definiciones sobre su aplicación a trabajadores en actividad y a quienes finalicen voluntariamente su vínculo laboral.

La iniciativa busca reforzar la previsibilidad para los empleadores, en especial para las PyMEs, y limitar la discrecionalidad judicial. Al mismo tiempo, algunos de sus puntos podrían abrir nuevos debates, particularmente en torno a la imposibilidad de litigar tras el pago de la indemnización y al esquema de actualización de los créditos laborales.

De aprobarse, el proyecto modificaría de manera sustancial la dinámica entre empleados y empleadores, con desafíos en su implementación práctica y judicial.