Con este resultado, la variación acumulada en lo que va del año alcanzó el 21,8% frente al 19,3% de incremento de precios, en tanto que la medición interanual arrojó un alza del 36,2%, también por arriba del 33,8% que publicó el IPC.

Al desglosar la dinámica del mes, la mejora en el indicador global estuvo impulsada por los distintos componentes de la masa laboral:

Sector Público: Experimentó un avance del 3,0% mensual, con variaciones del 3,9% en el subsector nacional y del 3,2% en el ámbito provincial.

Sector Privado Registrado: Anotó una suba del 2,3% en el mes.

Sector Privado No Registrado: Registró un incremento estimado del 3,9%.

Análisis del dinamismo estatal contra el estancamiento de salarios en el sector privado

Pese a que el indicador general mostró una cifra por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período, especialistas en el mercado de trabajo instan a observar en detalle el comportamiento de cada segmento.

El economista e investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma,  Luis Campos, analizó las cifras oficiales publicadas por el organismo estadístico y remarcó la disparidad existente entre el empleo estatal y el privado registrado.

Al respecto, Campos señaló que “en julio el salario de los trabajadores registrados creció por segundo mes consecutivo, gracias a un nuevo aumento del sector público (3% en el mes contra 2,1% del IPC)”. Sin embargo, el especialista puso el foco en la falta de tracción en las empresas al advertir que “el sector privado sigue estancado en los mismos niveles de febrero”.

En el balance de los primeros siete meses de 2026, las remuneraciones en el sector privado formal acumulan un ajuste del 17,0%, mientras que en el sector público la suba llega al 21,1% (18,1% en el Estado Nacional y 20,0% en las provincias). Por su parte, el segmento informal reporta una variación acumulada del 34,4% según las estimaciones del informe.

A nivel interanual, la brecha muestra un incremento del 29,7% para los trabajadores privados en blanco, del 31,0% para los empleados de la administración pública y del 59,9% en el ámbito no registrado, consolidando un escenario heterogéneo para el poder adquisitivo de los asalariados.