La CTA Autónoma de Río Negro volvió a las refinerías y pozos de gas y petróleo. Esta vez lo hizo en el marco del Día de la Soberanía, para reclamar la “definitiva independencia”, ante el “saqueo” de las industrias extranjeras que operan en el país.
“No se puede hablar de soberanía nacional si se continúan saqueando nuestros bienes estratégicos como el petróleo y el gas. La única salida es defender un desarrollo nacional y en manos del pueblo”, indicó el dirigente y señaló: “No habrá una segunda y definitiva independencia mientras los Lewis y los Benetton sigan viviendo en nuestro país y sus empresas no sean expropiadas y estatizadas”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario General de la CTA y ATE.
De esta manera, la Central llamó a poner freno al proceso de extranjerización de la tierra y el avance en la Patagonia y llamó a luchar en defensa de la soberanía territorial, política y energética de los argentinos.
La CTA denunció así que “no habrá una segunda y definitiva independencia mientras se siga pagando la deuda externa, explotando a gran escala los recursos naturales no renovables como el gas y petróleo y no sean echados del país Lewis y Benetton”.
Es por esto que exigió la expropiación y estatización de la Usina Eléctrica de Río Escondido propiedad de Lewis, la devolución del Lote 79 donde construyó su mansión el magnate inglés y la recuperación del aeropuerto, con dimensiones similares a las de Aeroparque, que mantiene en la ciudad de Sierra Grande bajo un riguroso y armado control de seguridad.
Cabe destacar también la denuncia que la central hizo en este marco respecto a la crisis estructural que atraviesa la actividad frutícola y la imposición de las condiciones por las grandes multinacionales como Patagonian Fruit de capital ruso o los despidos producidos por la belga Expofrut que cerró sus puertas en el alto valle.
Finalmente, la CTA demandó el fin del ajuste que impone a toda costa el gobierno de Mauricio Macri, rechazó la presencia del G20 y el FMI en el país, pidió justicia por los 44 tripulantes del ARA San Juan, repudió el intento de establecer un nuevo Código de Tierras en la provincia mediante el cual se quieren entregar más de 5 millones de hectáreas y defendió la propiedad comunitaria de los pueblos originarios.
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