Sturzenegger avanza: quiere desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo

Sturzenegger avanza: quiere desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo

El ministro de Desregulación acelera su ofensiva para centralizar organismos clave bajo el Ministerio de Economía. El futuro de la regulación laboral y del sistema asegurador, en juego.

Mientras el Gobierno de Javier Milei encara la recta final de las facultades delegadas, Federico Sturzenegger profundiza su agenda de desregulación sobre áreas estratégicas del Estado. Ahora apunta directamente contra la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dos organismos centrales para el control del sistema de seguros y las condiciones laborales.

Según reveló Letra P, el plan contempla fusionar ambas superintendencias, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, absorbiendo sus funciones bajo la órbita directa del Ministerio de Economía. La medida busca achicar el aparato estatal, pero también implica desplazar espacios técnicos autónomos hacia una estructura completamente centralizada.

En paralelo, Sturzenegger prepara una avanzada sobre la intermediación obligatoria de seguros. Busca eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS), un sector regulado por la Ley 22.400. De concretarse, abriría el mercado de seguros a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas, pero generando preocupación en el sector por la posible vulnerabilidad de los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.

La ofensiva no se limita al sector asegurador. En la mira también aparece la Secretaría de Trabajo, donde el Ministerio de Capital Humano ya ejecuta recortes presupuestarios y analiza un rediseño institucional que podría culminar en la transferencia de competencias laborales al área económica. Este movimiento reduciría el peso institucional del ámbito laboral como espacio de mediación, negociación y control, afectando directamente las relaciones entre sindicatos, empresas y Estado.

El proyecto avanza en un contexto de fuerte aceleración de las reformas antes del vencimiento de las facultades legislativas delegadas, previsto para el 8 de julio.

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