El conflicto se había originado ante la falta de pago de los haberes en los plazos legales establecidos, lo que encendió de inmediato las alarmas en el cuerpo de delegados y en la comisión directiva del sindicato. La respuesta de la organización de comercio fue escalonada pero contundente: incluyó la formalización de una denuncia y presentación administrativa ante la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la declaración del estado de alerta y movilización en todo el ámbito de la empresa, y el desarrollo de asambleas y reuniones informativas directas en las distintas sucursales para contener a las familias afectadas y diagramar las acciones de fuerza.

Desde la entidad sindical que encabeza Guillermo Bianchi señalaron que este paquete de medidas resultó fundamental para dotar de visibilidad pública al reclamo y forzar a la gerencia de la compañía alimenticia a deponer su actitud, generando los resortes necesarios para que el dinero sea acreditado en las cuentas sueldo, garantizando el cumplimiento de una obligación patronal básica.

Pese al alivio inmediato que significó el cobro de los ingresos para los cientos de empleados mercantiles, la cúpula del SECZA advirtió que la disputa de fondo por el sostenimiento de la estructura comercial está lejos de cerrarse. En ese sentido, las autoridades del gremio confirmaron que este miércoles asistirán a una audiencia clave en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, donde se verán las caras con los directivos y apoderados de Toledo.

El objetivo central de la comitiva sindical en los despachos oficiales será demandar certezas y proyecciones reales sobre el estado financiero de la firma, el plan de negocios para los próximos meses y, fundamentalmente, la garantía absoluta de que no se afectarán los puestos de trabajo registrados ni las condiciones contractuales vigentes.

Las autoridades del SECZA aprovecharon la resolución de esta situación para ponderar el rol del gremialismo organizado como escudo de los derechos laborales en la región, fijando de antemano la postura que mantendrán de cara a las próximas audiencias: “El salario tiene carácter alimentario y su pago en tiempo y forma es un derecho irrenunciable. Seguimos de cerca la situación de la empresa y nos mantenemos en estado de alerta de movilización para seguir garantizando las fuentes laborales y garantizar la paz social en la ciudad», apuntaron.

El monitoreo de las bocas de expendio y los depósitos de la cadena continuará bajo vigilancia de los delegados de base. El gremio mercantil dejó en claro que la paz social en Mar del Plata no se sostendrá sobre la base de la incertidumbre o la pérdida del poder adquisitivo de quienes sostienen el funcionamiento diario de una de las marcas comerciales más emblemáticas de la ciudad balnearia.