A partir de la sanción de la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero en junio de 2022, 955 personas ingresaron a trabajar en el sector público nacional, lo que logró incrementar más del 900% el cupo laboral en organismos estatales, consignó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

«Esta es una política que hay que cuidar y hay que profundizarla, aún 955 personas no representan el 1% del Estado nacional, por lo tanto hay que seguir trabajando», sostuvo Ponce durante un encuentro con periodistas, en el que participó Télam.

Para Ponce, la ley de cupo trans «viene a dar una posibilidad más al proyecto de vida de una persona, y dar repuesta a este concepto de lo que es la identidad humana y de poder elegir un proyecto de vida», frente «a la salida de la prostitución».

A nivel federal, se relevó que más de un 22% de organismos públicos incrementaron las contrataciones de personas travesti trans en sus plantas, en tanto que la mayor jurisdicción con porcentaje de personas contratadas es la Ciudad de Buenos Aires, con un 58,32% de los puestos.

Sin embargo, en cada monitoreo «se continúan registrando incrementos de las contrataciones a nivel federal, que ya alcanza a todas las jurisdicciones y territorios del país», indicaron desde el ministerio.

En tanto, un total de 15.006 personas recibieron capacitaciones y asistencias técnicas para trabajadores del sector público en sus tres niveles, del sector privado, sindicatos y universidades.

En relación al contexto laboral de las personas empleadas, Ponce señaló que las situaciones conflictivas «han sido las menores» y que «no siempre la situación se originaba por parte de la trabajadora», sino que muchas veces ocurría por una cuestión de «discriminación de sus compañeros».

Sobre este aspecto, destacó las capacitaciones y estrategias que llevaron adelante desde el Ministerio para abordar los prejuicios en el ámbito laboral, frente «al prejuicio y la idea de que no hay necesidad de establecer un cupo».

«Somos travestis y militantes por el cupo, que no es un relato, es gente que se muere a los 44 años y gente a la que su identidad de género le representa una barrera a la hora de acceder al mundo del trabajo y pensarse desarrollando proyectos de vida, que estén por fuera del sistema prostibulario o del trabajo sexual», remarcó la subdirectora.

Por su parte, la responsable del Registro Único de Aspirantes del ministerio, Laura Cardozo, señaló que la inserción laboral de una persona trans «es muy distinta a la de otra persona».

«Nos ha pasado que hubo personas trans que estaban hace un año trabajando y nunca habían tramitado la obra social, porque desde el área de Recursos Humanos no les explicaron cómo había que hacerlo como a cualquier otro trabajador», ejemplificó.

Al respecto, agregó que «muchas veces se sobreentiende que por ser una persona de 40 años ha trabajado antes en empleo formal y puede tramitar su obra social, o que puede realizar un trámite bancaria para generar una tarjeta, pero esa persona no sabe».

Por este motivo, se confeccionaron una serie de materiales tanto para las personas empleadas como para el área de Recursos Humanos en relación a los derechos laborales y se realizaron dos cursos de educación financiera.

Entre las dependencias del Estado que más se destacaron a la hora de implementar el cupo trans, Cardozo destacó al Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el Banco Nación, y el propio Ministerio de Mujeres.

«Hay organismos que sí han sido más receptivos y otros menos. En esos que eran menos, también la estrategia desde la Coordinación de Empleo les recordaba la vigencia de esta medida de acción afirmativa», explicó.

Sin embargo, destacó que el «cambio profundo y cultural se tiene que dar en el sector privado».

Consultadas ante el futuro de la ley de cupo, Ponce remarcó la importancia del cumplimiento y monitoreo de la ley, para la cual es necesario «tener un seguimiento, porque si no tenemos datos no tenemos nada».

«Me preocupa que tanto trabajo que llevamos adelante no se siga sosteniendo y se pierda. Y que esos puestos de trabajo no esté la coordinación para seguir acompañando», manifestó.

Añadió que «955 no son números, son almas a las que su identidad de género les representa un obstáculo para acceder y permanecer en el mundo del trabajo. Por eso es importante proteger la ley y hacerla cumplir para seguir cuidando a estas personas que ingresan al mundo del trabajo formal».

La Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán – Lohana Berkins» establece un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado nacional para dicho colectivo, con el objetivo de que travestis y trans puedan acceder a un trabajo formal en condiciones de igualdad.

También establece que se deben promover acciones de concientización y sensibilización en los ámbitos laborales, prevé incentivos para el sector privado que cumpla con esta normativa y promueve líneas de acceso al crédito para esta población.