El documento señala que, en el día de hoy, se vive una "situación insólita" en el edificio judicial debido a la falta de información brindada a los abogados y familiares de los detenidos respecto a su paradero. Diez de las personas detenidas fueron trasladadas "durante la madrugada de una unidad a la otra y finalmente a los complejos penitenciarios de Marcos Paz y Ezeiza, sin haberse resuelto su situación procesal ni las excarcelaciones solicitadas por sus defensas."

En el comunicado denuncian que estas acciones se basan en un dictamen fiscal que enumera diversas conductas delictivas de manera genérica, fundamentado únicamente en dos notas periodísticas (Clarín y La Nación) y un comunicado no oficial de la Presidencia de la Nación. Según los trabajadores judiciales, "no se puede privar de la libertad ni imputar a una persona con una descripción genérica e indeterminada como la que surge del requerimiento fiscal de esta causa."

El comunicado también menciona que el edificio judicial fue rodeado por fuerzas policiales "sin justificación alguna," lo que generó gran preocupación entre las personas que estaban en el lugar intentando obtener información sobre sus familiares.

"Quienes ejercemos con compromiso y ética nuestra función judicial sabemos que no se puede privar de la libertad ni imputar a una persona con una descripción genérica e indeterminada," afirmaron los judiciales de Comodoro Py. Además, subrayaron que "no podemos dejar pasar atropellos así, no estamos de acuerdo con este accionar del sistema de justicia y no vamos a ser cómplices de un claro formato de persecución política y criminalización del derecho a la protesta."

El comunicado finaliza con una enfática demanda: "¡Libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente!"