La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) volvió a rechazar el plan del Gobierno nacional para desprenderse de tierras pertenecientes al organismo y negó de manera categórica que existan “tierras en desuso”, como sostiene la gestión de Javier Milei. Desde el gremio denunciaron un proceso de desmantelamiento del INTA, con despidos encubiertos, pérdida de capacidad científica y un fuerte deterioro salarial.

La polémica se reavivó luego de que el Poder Ejecutivo presentara en diciembre, tanto ante el Consejo Directivo del INTA como frente a las entidades que integran la Mesa de Enlace, una propuesta para vender parte de las tierras del organismo. Según datos oficiales, el INTA cuenta con unas 101.500 hectáreas distribuidas en todo el país, destinadas a investigación, ensayos productivos y desarrollo tecnológico. Sin embargo, el Gobierno apunta a desprenderse de entre 42.000 y 47.500 hectáreas y reducir la planta de personal en alrededor de 2.000 trabajadores.

“En el INTA no hay campos ociosos. Todas las tierras cumplen una función específica vinculada a la investigación y la transferencia de conocimiento al sector productivo”, sostuvo Julio Ojeda, dirigente nacional de APINTA, en declaraciones al medio Agrovalle. En ese sentido, advirtió que la venta de esos terrenos implicaría una descapitalización estructural del organismo. “Son tierras que se usan para ensayos, pruebas y desarrollo tecnológico. El INTA siempre funcionó así. Por eso creemos que detrás de esta decisión hay otros intereses, incluso inmobiliarios”, afirmó.

Ojeda también describió el clima de incertidumbre que atraviesan los trabajadores. “Pasamos de hablar de despidos directos a retiros voluntarios, todo canalizado a través del Consejo Directivo, el mismo que el Gobierno intentó disolver y que los trabajadores logramos sostener”, explicó. A nivel nacional, el gremio estima que unos 300 empleados ya adhirieron al esquema de retiro voluntario.

A la reducción de personal se suma el fuerte deterioro salarial. Según APINTA, los incrementos acumulados durante el último año apenas alcanzaron el 13%, muy por debajo de la inflación. “Estamos en una batalla permanente para que no nos despidan y para no perder aún más poder adquisitivo”, señaló Ojeda.

Las críticas al plan oficial también llegaron desde ex funcionarios del área agropecuaria. En un pronunciamiento conjunto, siete ex ministros y secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación denunciaron que el Gobierno impulsa un “negociado inmobiliario” encubierto bajo el argumento de una supuesta “reingeniería” del INTA.

El documento fue difundido luego de una reunión entre el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y las entidades de la Mesa de Enlace, en la que se presentó la denominada “hoja de ruta” diseñada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Ese esquema prevé la venta de cerca de la mitad de las tierras del organismo, la eliminación de unos 15 centros regionales, el cierre de 253 Agencias de Extensión Rural y la reducción de aproximadamente un tercio de la planta de trabajadores.

Actualmente, el INTA cuenta con alrededor de 6.000 empleados, luego de haber tenido una dotación de 6.300 trabajadores a comienzos de 2025. Para los ex funcionarios firmantes, el objetivo real del plan es el remate de unas 40.000 hectáreas de tierras públicas, lo que significaría un cambio profundo en la misión del organismo, que desde hace casi 70 años cumple un rol central en el desarrollo científico y productivo del país.

Desde APINTA adelantaron que continuarán con las acciones gremiales y políticas para frenar la venta de tierras y defender la integridad del INTA. “No se trata solo de puestos de trabajo —advirtieron—, sino de preservar una institución estratégica para el desarrollo nacional”.