El Cuerpo de Delegados del Personal de Sancor con un comunicado titulado «¡Éramos pocos y llegó la casta!» calificaron a Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz de «vulgares agitadores, que perciben suculentos sueldos, más gastos de traslados, comidas, hoteles, asignaciones especiales, movilidad, celulares, etc., pagados por el pueblo trabajador, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, dijeron».

Según los delegados, los legisladores señalaron «que hace poco se interesaron por el tema SanCor» y «que un trabajador no puede discutir con un compañero intentando persuadirlo de plegarse a la medida porque esto supuestamente es un delito».

Por otra parte señalaron que «estos personajes consideran a las y los trabajadores, ciudadanos inferiores, sin derecho a expresarse ni a discutir ni a tratar de convencer a sus pares dentro del contexto de un conflicto colectivo del Derecho del Trabajo».

Los legisladores del PRO dijeron pertenecer, además, al Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), cuya inscripción fue rechazada tanto por la Inspección General de Justicia como por la Sala I de la Cámara Civil, declarándose su objeto «contrario al bien común por oponerse al derecho de huelga» que es un derecho constitucional.

Por último, consigna el comunicado de los delegados y del personal de SanCor que «demasiado dolidos y golpeados estamos con la situación, para que vengan estos arribistas a agitar y amenazar, a instalar violencia, a agredir a las y los trabajadores con soberbia, desconocimiento y mentiras; a querer hacer política con la leña de un árbol caído. Ni Sunchales ni la empresa necesita a estos personajes».