La UTEP llevará su denuncia ante la CIDH: acusa al gobierno de destruir las políticas sociales y alimentarias

La UTEP llevará su denuncia ante la CIDH: acusa al gobierno de destruir las políticas sociales y alimentarias

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) ha fijado fecha para presentar su denuncia sobre «la destrucción de las políticas sociales y alimentarias en Argentina» bajo la administración de Javier Milei.

Respaldados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO), la UTEP llevará su reclamo el próximo 14 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Según un comunicado de la UTEP, esta instancia ante la CIDH busca poner en evidencia el impacto que las políticas de austeridad del gobierno de Milei están generando en los sectores más vulnerables del país. «La grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales es insostenible», afirmó Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP. Gramajo destacó que esta situación representa «una vulneración a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jubilados y trabajadores informales, derechos garantizados en tratados internacionales con jerarquía constitucional».

Desde la organización sostienen que esta intervención en la CIDH es «una instancia más de reclamo» ante la falta de respuesta del gobierno, que además de ignorar la política social vigente, desatendió fallos judiciales que obligaban al Ministerio de Capital Humano a garantizar el derecho a la alimentación. En palabras de Gramajo, el actual panorama refleja «un plan de miseria planificada para matar de hambre al pueblo», poniendo en riesgo derechos fundamentales.

La UTEP también solicitará que la CIDH considere una visita a Argentina, buscando que la entidad internacional pueda «corroborar lo expuesto y pronunciarse al respecto». Según Gramajo, la situación que atraviesa el país no solo es una regresión en derechos sociales y alimentarios, sino una amenaza a la historia de protección de derechos laborales y sociales que ha caracterizado al país.

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