La disputa por la eliminación del programa Volver al Trabajo sumó un nuevo capítulo judicial. Los representantes de un grupo de beneficiarios presentaron un Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que el 13 de julio revocó la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana y dejó sin efecto la obligación del Estado de mantener las prestaciones económicas.

El objetivo ahora es que el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se restablezca provisoriamente la tutela cautelar mientras continúa el proceso.

La presentación judicial se produce después de que Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP, anticipara en una entrevista con Sonido Gremial, durante la jornada de movilización del 22 de julio, que las organizaciones volverían a recurrir a la Justicia tras el fallo de la Cámara. En aquella oportunidad, Gramajo había advertido que la eliminación de la prestación afectaría a más de 900 mil familias y que, aunque los $78.000 representaban un ingreso insuficiente, permitían afrontar gastos básicos como alimentos, transporte o una garrafa.

El planteo judicial profundiza precisamente ese argumento. Los recurrentes sostienen que la prestación tenía carácter alimentario y de subsistencia y que su interrupción genera un perjuicio que no puede ser reparado adecuadamente mediante una eventual sentencia favorable dictada meses más tarde. Para respaldarlo, remarcan que el propio Estado reconoció que la última liquidación del programa alcanzó a 917.740 beneficiarios, mientras que solamente unas 136.000 personas manifestaron interés en acceder a instancias de capacitación.

Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al supuesto reemplazo ofrecido por el Gobierno a través de “Formando Capital Humano”. El recurso sostiene que una capacitación laboral no puede ser considerada equivalente a una prestación dineraria mensual, ya que el acceso a los cursos está condicionado por inscripción, disponibilidad de vacantes y otros requisitos, mientras que no garantiza un ingreso inmediato para cubrir las necesidades básicas de las familias.

Los demandantes también sostienen que la propia Administración demostró que la continuidad provisoria del beneficio era material y presupuestariamente posible: durante la vigencia de la cautelar de primera instancia, el Estado autorizó la liberación de fondos, verificó los controles correspondientes y constató la existencia de crédito presupuestario para efectuar los pagos.

Ahora, el pedido es que se mantenga provisoriamente la tutela cautelar y que el Estado reanude los pagos de las prestaciones comprendidas en la decisión original hasta que la Corte Suprema se expida o adopte otra resolución sobre el caso. Si el recurso extraordinario fuera rechazado, los abogados ya dejaron planteada la posibilidad de acudir en queja directamente ante el máximo tribunal.

De esta manera, lo que Gramajo había planteado públicamente en aquella jornada a través de este medio comienza a tomar forma en los tribunales: la eliminación del Volver al Trabajo ya no es solamente un conflicto entre el Gobierno y las organizaciones sociales, sino también una disputa judicial en la que se encuentra en discusión la continuidad de un ingreso que, según el recurso, alcanzaba a cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad.