El informe lo realizó el Observatorio Basta de Asesinatos Laborales (BAL) que reúne familiares y profesionales especializados en mercado laboral que realizan, desde 2018, un relevamiento exhaustivo con diversas fuentes de lo que ellos consideran los “mal llamados accidentes” laborales.  Es que, inspirados en las tres muertes obreras que se produjeron el 9 de septiembre de 2016, aseguran que “no son hechos aislados” sino “el resultado de del ahorro en salud y seguridad en el trabajo por parte de las patronales”. Para los autores, “si pudieron evitarse, no son accidentes, son asesinatos”.

De este modo, el primer informe fue publicado en los primeros meses del año pasado con lo ocurrido en 2018 mientras que, días atrás, se presentó el segundo informe de 2019. Desafortunadamente, los avances metodológicos que aseguran haber experimentado de un año a otro no permiten la comparabilidad de los resultados aunque sí poner de relieve las inconsistencias de los datos oficiales que publica la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que para los autores “subregistra” los casos en general pero, en particular, aquellos que se producen en el marco de una relación laboral no registrada y que, por lo tanto, no gozan de cobertura por ART que oficia de base de la contabilización oficial.

Uno de los ejemplos más resonantes fue el de Hugo Jaime, repartidor en una de las Apps de pedidos a domicilio que murió manejando su moto en horario laboral. Su patronal, simplemente adujo que no existía relación laboral y, sobre esa base, deslindó su responsabilidad. Otro caso de naturaleza similar fue el de Cinthia Choque, agente de tránsito porteña que fue atropellada por un automovilista mientras realizaba un operativo de seguridad vial. Tanto ella como sus compañeros, que realizan tareas para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mantenían una relación laboral encubierta detrás de la figura del monotributo y, por eso, no contaban con ART algo que, como resultado de ese hecho, su subsanó parcialmente mediante un seguro particular y un plan paulatino de pases a planta.

Las estadísticas oficiales dan cuenta de que el 35% de la población activa no se encuentra registrada pero, si se aplicara la metodología sugerida por la OIT, la cifra escalaría hasta un 47%. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA debería reconocerse una cifra del 49,3%.  

El estudio, por el contrario, se vale de fuentes periodísticas y sindicales y concluye que durante ese año hubo 534 casos de muertes en los lugares de trabajo de las cuales 200 se produjeron en el marco de una relación laboral no registrada. Con todo, el estudio limita su alcance a los infortunios ocurridos en los lugares de trabajo y no a aquellos que se produjeron bajo la modalidad de “in itinere”, es decir en el camino desde y hacia el lugar de trabajo que la legislación vigente reconoce responsabilidad de las patronales.

El resultado es escalofriante, e indica que, en días laborables, se produce un deceso evitable cada 14 horas. Los registros oficiales, sin embargo, identifican entre 300 a 350 decesos anuales en los lugares de trabajo.

A la hora de analizar los casos con mayor desagregación surge que el sector más afectado, con un 19% del total, es el del transporte y en particular el de cargas como resultado de jornadas agobiantes y “falta de mantenimiento de vehículos”. Luego se ubican las muertes en el sector de la Construcción (16%), donde el empleo no registrado, según relevamientos oficiales, alcanza el 40% de los trabajadores. Los decesos se producen por caídas de altura o derrumbe de edificaciones que indican condiciones precarias de trabajo. Algo similar ocurre en el sector agrícola y pesquero donde el 50% de los empleados lo hacen sin registración dificultando aún más la identificación cuantitativa de los decesos.

En la pesca, al tratarse en gran parte de ahogamientos, los casos se encubren detrás de la figura del “desaparecido”. Junto con el agrícola representan un 14% de las muertes en el lugar de trabajo. El relevamiento dio con decesos entre empleados públicos y docentes y ubica a la Industria, presumiblemente con un menor grado de precariedad laboral, como responsable de una de cada diez muertes al igual que el Comercio.

 A la hora del análisis de la coyuntura, el informe indica que las muertes son el resultado de la violación de los convenios, la desinversión en maquinarias y equipamiento y el incremento de los ritmos laborales con el sólo propósito de engrosar las ganancias empresarias.

Sin embargo, a la hora de identificar responsabilidades, el BAL pone el foco en las patronales pero también en el Estado a través de sus diversos poderes (en particular el judicial) que, además, también carga con muertes de empleados cuando oficia de patronal. Al mismo tiempo, aduce la “complicidad de la burocracia sindical” que omite la discusión de las condiciones de seguridad e higiene en las discusiones paritarias así como la creación de comisiones obreras para el control de las mismas en los lugares de trabajo.

Por último, los especialistas del BAL ponen el foco en otra problemática muchas veces invisibilizada que es la de las enfermedades laborales. Para el estudio, “hay asesinatos laborales que ocurren en segundos mientras que hay otros que se producen lentamente”. El informe destaca que a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo considera que “las enfermedades laborales causan entre el 70 al 80% de las muertes relacionadas con el mundo del trabajo”, en la Argentina “se estima que causan solo el 3%”. Se trata de envenenamientos y enfermedades recurrentes así como dolencias emocionales causadas por stress que matan y envejecen prematuramente a los y las trabajadoras pero que “la mayoría de las ART las niega y las atribuye a enfermedades preexistentes” porque las mismas aseguradoras tienen como “único objetivo la acumulación de ganancias”.

En el estudio destacan los más conocidos casos del uso de glifosato, el amianto que afecta a los trabajadores del subterráneo entre otros, las afecciones respiratorias (asma y tuberculosis) en la industria textil, uso de químicos cancerígenos en la industria del neumático o los problemas como la tendinitis y afecciones posturales en empleos que van desde el transporte hasta Comercio y los trabajadores judiciales. 

Las sucesivas reformas en las leyes de ART han ido disminuyendo la capacidad de los trabajadores para accionar legalmente contra sus empleadores reforzando, de este modo, la lógica indemnizatoria del sistema en detrimento de una política de prevnción en los lugares de trabajo.