Por Diego Lanese.

La decisión del Ministerio de Salud nacional de reformar el llamado Sistema Nacional de Residencias Médicas, pasando a un mecanismo de becas, generó críticas en todo el país, ya que los futuros profesionales alertan que a partir de esto se pierden todos sus derechos laborales. El tema reactivó las protestas en el Hospital Garrahan, por ejemplo, donde hay un importante conflicto en reclamo de mejoras laborales y salariales. La situación se extiende en todo el país, donde los gremios de la salud reclaman a los gobiernos provinciales, que tiene el 85 por ciento del sistema sanitario bajo su órbita, que mejoren la situación de trabajadores y profesionales, ya que la actual situación “es un polvorín”.

Así lo muestran los planes de lucha lanzados en Neuquén, Chaco, San Juan y otras jurisdicciones, que esta semana generaron paros y protestas. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) alertan sobre la tensión creciente, llamaron a “coordinar las acciones de protesta a nivel nacional”, ante lo que consideran una política de “desinversión y deterioro deliberado del sistema de salud pública”. Los cambios en la cartera sanitaria, incluyendo funcionarios vinculados a la medicina prepaga, confirman esta realidad.

El conflicto en el Hospital Garrahan es uno de los más visibles del sector de la salud, pero no el único. En las provincias hay una importante puja con los gobiernos locales, que en muchos casos acompañan la motosierra nacional. Y las proyecciones hacen pensar que en la segunda mitad del año este panorama se potenciará. “Sin duda las condiciones en el sistema de salud están empeorando semana a semana, por la falta de presupuesto y las políticas regresivas, tanto en lo sanitario como en el plano laboral”, sostuvo María Fernanda Boriotti, titular de la FESPROSA.

El caso del nuevo sistema de residencias médicas es para la referente sindical el caso más claro de esto: “Pasar las residencias a becas es precarizarlos, dejando a esos trabajadores sin derechos conquistados, como el aporte jubilatorio y la antigüedad”. “Todos los días tenemos novedades negativas al respecto”, le dijo Boriotti a Data Gremial. En la actualidad, sólo un par de hospitales como el Posadas o el Bonaparte están bajo órbita nacional. El 85 por ciento del sistema público está en jurisdicciones provinciales o municipales, lo que corresponde a unos 1.700 nosocomios y 6 mil unidades sanitarias donde prestan servicios unos 500 trabajadores, según datos de la FESPROSA.

El tema salarial es central en los conflictos en el sistema de salud. La FESPROSA y sus gremios toman como medida la canasta de bienes y servicios que mide la Junta Interna de ATE en el INDEC, y que se diferencia de la canasta básica porque incluye algunos ítems como alquiler. Según el último reporte, este salario debería ser de 1.840.098 pesos para una familia tipo. Con este límite, la mayoría de los trabajadores y profesionales de la salud están por debajo de la misma. Por eso, alertó Boriotti, “cada van se van más profesionales y trabajadores del sistema público”.

“Estamos en un momento que la salud y sus conflictos laborales están en la agenda pública, y hasta hora sin una respuesta concreta de los gobiernos”, agregó la titular de FESPROSA, que criticó la ausencia del gobierno en las últimas audiencias, como la del Garrahan. “La falta de propuestas del gobierno es un hecho que se repite en todo el país”, dijo.  

Mapa de la crisis

En este contexto, el sistema sanitario es “un polvorín”, porque cada semana que pasa se multiplican los conflictos. En la provincia de Neuquén, por ejemplo, los profesionales de la salud iniciaron este lunes un paro de cinco días, tras la falta de propuestas concretas del gobierno en la mesa de negociación. La medida se mantendrá hasta el viernes, en reclamo de una “recomposición salarial urgente”.

En San Luis, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) anunció una jornada intersindical de movilización por la apertura de paritarias y un salario digno. La protesta encuentra su réplica en Chaco, donde la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública (APTASCH) se sumará a una movilización provincial junto a otros gremios estatales hacia la Casa de Gobierno.

En Buenos Aires, este jueves se hizo una jornada de lucha para los becarios del sistema de salud, quienes continúan trabajando bajo condiciones de precarización laboral. Exigen su pase a planta permanente y se movilizarán hacia el Ministerio de Salud provincial en La Plata. En tanto, en la provincia de San Juan, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (ASPROSA) denunció “un accionar discriminatorio” por parte del gobierno local, que acordó aumentos con el sector médico dejando afuera al resto del equipo de salud. La exclusión de enfermeros, técnicos, administrativos y otros profesionales profundiza el malestar.

Modelo libertario

La crisis laboral del sistema de salud se sustenta no sólo en la motosierra de los gobiernos, sino además la reforma de varios sistemas y programas que limitan el accionar estatal, de la mano del “mantra desregulador” de este gobierno. Es que el Ministerio de Salud está bajo influencia del sector privado, sobre todo desde la llegada de Mario Lugones. La transformación de la seguridad social es un gran ejemplo de esto, ya que desde la cartera sanitaria apuntan a las obras sociales sindicales, en especial las pequeñas, a favor d las prepagas y los sistemas de reaseguros. Para esa tarea, esta semana se nombró al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a Claudio Adrián Stivelman. La entidad es la encargada de regular, controlar y fiscalizar a las obras sociales nacionales y entidades de medicina prepaga.

Fuentes del sector le marcaron a Data Gremial que el nuevo funcionario “viene a cumplir la misión que tenía su antecesor: depurar el padrón de obras sociales y prepagas”. Proveniente del sector privado, Stivelman es considerado “el cerebro” detrás de las intervenciones a las entidades, unas ocho en total, más la política de terminar con los “sellos de goma”; como se conocen a las entidades que sólo derivan aportes al sector privado. Si bien algunos sectores gremiales han reconocido la necesidad de depurar el sistema, la intensificación de los controles y las medidas de disolución pueden generar “fricciones con aquellas obras sociales que sientan afectados sus intereses o consideren las medidas excesivas”.

Lo cierto que para Boriotti, el retiro del Estado genera “casos como el fentanilo contaminado”, donde el uso de un medicamento infectado con dos bacterias causó más de 50 mueres, aunque las proyecciones indican que serían muchas más. “El corrimiento del Estado y la falta de control también lleva al aumento en el precio de los medicamentos que vimos al inicio de la gestión libertaria, a la dificultad que se genera en torno al acceso a la salud”, agregó la dirigente de Santa Fe.

En este punto, se responsabiliza tanto a Nación, que impone el modelo, como las provincias, que en su mayoría lo sostienen en mayor o menor medida. Por la salida de profesionales y trabajadores del sistema público, indicó Boriotti, hoy “no se consiguen turnos para muchas especialidades, y pasan meses para lograr una consulta”. Lo mismo pasa con la baja en la vacunación o el aumento de  casos de enfermedades vinculadas a las condiciones sanitarias como la tuberculosis. “Es un panorama muy preocupante”, concluyó.