La caída del salario real condiciona todas las mesas de discusión paritaria, incluso la de los sectores considerados como "excepciones a la media" en el mercado del trabajo. Para los últimos 4 años ese deterioro alcanzó en el sector público un 22,9% y en cuanto a privados el 17,7% como piso, ya que en casos específicos fue superior.

Tanto el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, como la Universidad de Avellaneda (Undav) entre otros foros de investigación, coinciden en esa merma. También sobre datos de 2019 como en la pauta salarial del año pasado que fue desde el 30% al 35% anual en promedio. Mientras que la inflación oficial arribó al 53,8% siendo tal registro el mayor de los últimos 28 años. Mientras algunas actividades estuvieron cerca de empatarle a los precios, otras en "último recurso" acordaron cláusulas de revisión a noviembre y diciembre.

El año de los acuerdos salariales difiere del calendario, e incluso dentro de algunas actividades la actualización de sueldos posee una frecuencia menor a los 365 días. En efecto, dentro de esos plazos hay sectores que buscan una "derrota digna" ante la inflación, ya sea en convenios trimestrales o semestrales. Lejos de cualquier aliento a las cláusulas gatillo, según requirió la Casa Rosada queda a mano la "revisión". Sin perjuicio de que dentro del ese repaso a los puntos por los cuales hubo acuerdo, el convenio no se modifique y quede en la zona de "buenas intenciones" o en formato más reciente la revisión tenga lugar aplicando la suma fija remunerativa que otorgó el Gobierno por decreto para el sector privado por $4.000.

Empero hasta en ambos lados de la grieta de los economistas se coincide en dos cuestiones: más allá de porcentajes incide el poder de los sindicatos en las pujas y condiciona también la decisión del Gobierno para "bajar la nominalidad" a la hora atenuar la corrosión del salario real.