Este lunes por la tarde, Ginés González García recibió a Armando Cavalieri, secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, en otro gesto del gobierno con los "gordos" que refuerza la distancia con Hugo Moyano, que tenía interés en participar en el gobierno en el área de Salud.

"El motivo del encuentro fue para debatir sobre la Emergencia Sanitaria en Argentina y las particularidades que esta representa en el sistema de salud solidario de los trabajadores", señaló Cavalieri en un comunicado que lleva el sello de la Obra Social de los comerciantes, Osecac.

Carlos Pérez, titular de Osecac, Cavelieri y Ginés acordaron que "el sistema sanitario se encuentra en riesgo crítico" y coincidieron en el objetivo de convocar a una agenda de trabajo y estimular una activa colaboración entre el gobierno y la entidad sindical.

Cabe recordar que con Macri, los "gordos" se quedaron con el manejo de la caja de $7.000 millones anuales de la Superintendencia de Salud luego de una larga disputa por los aportes que las obras sociales hacen al fondo solidario para el tratamiento de enfermedades poco frecuentes, el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Este gesto sirvió para mantener fracturada la CGT: "Ahora necesito que los gordos se pongan flacos", había dicho Macri al darles la Superintendencia. 

El planteo de Cavalieri incluyó la deuda de $3.500 millones de pesos del Estado contrajo con la obra social por prestaciones ya realizadas y la conveniencia de revisar el efecto de la devaluación en la cobertura de medicamentos importados.

En este sentido, Cavalieri y Pérez solicitaron que se incluyan algunos puntos que permitan recuperar el balance financiero a las obras sociales en la ley de Emergencia Sanitaria. "Por ejemplo, un Plan Médico Obligatorio de Emergencia que funcione como techo de Prestaciones Obligatorias y la suspensión inmediata de todas las medidas cautelares y amparos que no conlleven riesgo de vida o agravamiento de enfermedades para los beneficiarios", señaló el comunicado.

Además, pidieron "aplicar en forma urgente" el aumento adicional establecido por el artículo 3 de la ley 27.430 sobre el valor de la Obra Social dentro del Monotributo, y la adecuación de los valores cada tres meses. Asimismo, establecer la ley de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria y fijar como vinculante el dictamen que emita la misma a los efectos de Resoluciones Judiciales.

También se pidió incorporar al FSR el 15% de las diferencias que abonen los Planes de Medicina Prepaga, establecer que durante la vigencia de la emergencia sanitaria no se puedan incorporar prestaciones al PMO y adecuar a valores reales el aporte de la ANSES y PAMI que realizan por los jubilados que se encuentran en las obras sociales "llevándolo como mínimo al valor promedio que recibe el PAMI por cada jubilado e implementar créditos a tasa subsidiada para mejorar la situación financiera y económica de las obras sociales", entre otras solicitudes.