Este jueves por la mañana, cuando Hugo y Pablo Moyanoanuncien en Dock Sud (Avellaneda) el comienzo del paro nacional de 24 horas de camioneros, el Ministerio de Trabajo desplegará inspectores en distintos puntos del país, para “constatar la violación de la conciliación obligatoria dictada el 4 de junio, por el plazo de 15 días, ante las medidas de acción directa implementadas por el sindicato de Camioneros”, informaron a Letra P desde la cartera que controla Jorge Triaca.

El conflicto es salarial, por la paritaria del sector, donde el gremio reclama el 27% y las cámaras patronales ofrecen un aumento anual del 15%. En ese contexto el sindicato resolvió una medida de fuerza inicial, con asambleas de dos horas, pero la cartera dictó una conciliación obligatoria que ahora buscarán utilizar para aplicar una multa millonaria. La medida de fuerza será acompañada por un paro y movilización de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que movilizarán a Plaza de Mayo a partir de las 15.

Ambas protestas se concretarán dos semanas antes del paro nacional que decretó la CGT para el próximo lunes 25 de junio, que contará con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) e implicará la ausencia de transporte público de pasajeros. 

El recurso legal que planea utilizar el Gobierno para castigar la huelga convocada por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros se basa en el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales previsto por la ley 25.212, del año 2000, y modificada por la norma 26.941, que sancionó el Congreso el 21 de mayo de 2014. Fue promulgada cinco días después, por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En abril de este año, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal castigó al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación  de Buenos Aires (SUTEBA) que conduce Roberto Baradel con una multa de 300 millones de pesos por “no acatar la conciliación obligatoria” y por la ausencia de notificación sindical a la administración provincial. Ahora el caso está en la Justicia.

Ante las consultas de este medio, en la cartera laboral aseguraron que la medida de Camioneros sería encuadrada como una “infracción muy grave”. Esa tipificación está prevista en el inciso 3 del artículo 5 de la ley y sostiene que "las infracciones muy graves serán sancionadas con multa del cincuenta por ciento (50%) al dos mil por ciento (2.000%) del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado”.

En la actualidad el salario mínimo es de 9.500 pesos, es decir, que la multa por cada trabajador afectado podría variar entre los 4.250 y los 190.000 pesos. “No podemos precisar el monto total, porque eso surgirá de las inspecciones, aunque podemos asegurar que será una cifra millonaria”, advirtieron desde el despacho de Triaca. El antecedente más cercano de una multa contra Camioneros data del 21 de junio de 2012, cuando la administración de Cristina castigó con 4 millones de pesos a un paro realizado en YPF.

El abogado Rodrigo Cóndori, secretario de Asuntos Jurídicos de la Federación que reúne a todos los sindicatos de Camioneros, explicó a este medio que esa multa, basada en la ley 25.212, fue anulada por la Corte Suprema luego de una larga batalla judicial. En este caso, se preparan para un escenario similar.

“Nosotros tenemos la conciliación obligatoria que nos notificaron durante la primera audiencia del conflicto. En esa conciliación sostuvieron que habría medidas de acción directa, pero no hicieron ninguna constatación. Por lo tanto, la primera conciliación no se adaptó al procedimiento previsto por la ley. Tienen dos posibilidades: o dictan una nueva conciliación o sostienen la primera, que ya hemos impugnado”, explicó el letrado.

La última audiencia del conflicto salarial se realizó este lunes. “Los funcionarios de Trabajo querían dejar constancia en esa misma audiencia de los alcances de la conciliación y la vigencia, pero nosotros no firmamos el acta y tampoco fuimos notificados”, detalló Condori, en referencia a una contraofensiva legal donde el sindicato ya recopiló las declaraciones públicas de distintos ministros, como la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, que lanzó las primeras advertencias. “Ellos no pueden anticiparse. Eso nos permite recurrir las posibles multas, porque son nulas, y porque está comprobado que hay una intención política de amedrentamiento”, anticipó el laboralista.

Antes de llegar a la Justicia, la pulseada será por vía administrativa dentro de la cartera de Trabajo, pero luego llegará a los tribunales laborales, donde la Cámara de Apelaciones del fuero laboral deberá expedirse al respecto.