Como una olla a presión, el Poder Judicial reiniciará la actividad posferia atravesado por una convulsión interna y con voluntad de mostrar el creciente malestar contra al Gobierno por el traspaso de tribunales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros temas que incluyen expedientes a resolver durante febrero. Más allá de una masiva asamblea de trabajadores judiciales del fuero penal convocada para hoy a las 10, el viernes está previsto un paro nacional de actividades en juzgados y fiscalías contra la migración de algunos juzgados a la Justicia porteña, lanzado por el gremialista Julio Piumato, hasta ahora cercano al oficialismo. Los magistrados avalan en silencio las medidas de fuerza y llevarán adelante en las próximas horas su propio cónclave para definir su estrategia de boicot. La expresión de fastidio apuntará también a enviarle un mensaje al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien le reclaman que tome posición en el conflicto. 

Diferenciándose de la lista Marrón de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) -que lidera Piumato- el Frente Azul Bermellón que controla la comisión interna de la Justicia penal ordinaria picó en punta en la rechazo a la firma de los convenios de traspaso. Como adelantó Ámbito Financiero, motorizará una concurrida asamblea sólo cuatro pisos por debajo del despacho de Lorenzetti, en la planta baja del Palacio, centro neurálgico de la actividad judicial. Esa movida paralizará el normal funcionamiento del primer día hábil luego del receso de enero y amenaza con ser el lugar desde donde se proclamen medidas de fuerza más fuertes. Allí se propondrá rechazar el traspaso incondicionalmente por motivos laborales pero también ante el presunto objetivo oficial de "someter" a la Justicia con la migración y nombramientos futuros. La hoja de ruta se trazará para presionar al gremio y a la Asociación de Magistrados para que adicionalmente se presenten amparos para bloquear cualquier transferencia. Y se completará con la organización de un grupo que acuda a los bloques legislativos del Congreso en plan de frenar el tratamiento legislativo de validación de los convenios firmados entre Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Por distintas vías, todas las corrientes gremiales confluirán en el paro convocado para el viernes, incluyendo a Sitraju, que en algún momento había coqueteado con el traspaso pero bajo ciertas circunstancias que no se terminaron de cumplimentar por lo que también frenarán la actividad en la Ciudad, donde despliegan mayor fortaleza de afiliados. En rigor, y pese a que ninguno de los actores lo reconozca, el texto final de los convenios no se conoce, porque hasta la semana pasada continuaba siendo pulido más allá del acto protocolar de la firma el 19 de enero pasado. 

Sin concurrencia a los juzgados y por 24 horas, el paro lanzado por Piumato acortará aún más la semana hábil para los judiciales bajo el leit motiv del rechazo al traspaso pero condimentado además por la intención gubernamental de recortar la feria judicial. En el primer punto alegan inconstitucionalidad en la iniciativa que además atacaría la independencia de los jueces y da pie a "contubernios políticos" para la cobertura de la nueva estructura bajo la égida porteña. Anexaron la posible "impunidad" de los funcionarios porteños por la transferencia de delitos contra la administración pública que serán migrados y la posible "eliminación" de la feria, lo que tradujeron en términos de "flexibilización laboral" de los empleados judiciales. También se coló el tema de la pelea entre el Consejo de la Magistratura y la Corte por el personal de maestranza, algo que devela parte de una problemática irresuelta: existe gran cantidad de contratos en el Poder Judicial por fuera de convenio que los sindicalistas denuncian como precario.

Los jueces tendrán su reunión por separado con mensajes poco alentadores que bajaron de la Corte sobre el reclamo central. En ese marco, y sólo la primera semana habrá amparos que viajarán como balas trazadoras hacia los tribunales con foco (además de en el traspaso) en el DNU que modificó la ley de ART; la resolución de las causas iniciadas contra el decreto que habilitó la inclusión de familiares en el blanqueo; y el amparo presentado por Elena Highton de Nolasco para esquivar la jubilación. Temas sensibles, concentrados especialmente en el fuero contencioso administrativo federal, también estarán atravesados por un clima e1fervescente.