El Sitramen es un sindicato minúsculo, de unos 370 afiliados, y que en el ajedrez político-sindical no talla. Desvard integra la mesa del Movimiento de Acción Sindical, que lidera el taxista Omar Viviani, pero no es un dirigente con activismo en la CGT.

Desvard sospecha que detrás de la intervención se esconde un interés del Sindicato de Juegos de Azar para desembarcar en el Hipódromo de San Isidro e instalar máquinas tragamonedas, como las que hay en el de Palermo.

El Ministerio de Trabajo, que ayer evitó dar información sobre el caso, ya había designado a un delegado normalizador en diciembre. Aquella vez, la llegada del interventor fue tensa porque quiso tomar posesión en el acto, sin orden de allanamiento y solo con la resolución de Triaca.

A Desvard se le venció el mandato en 2017, pero la elección no se hizo porque hubo una impugnación por no haber incluido a ninguna mujer en la junta electoral (el cupo femenino es únicamente obligatorio para la comisión directiva). El caso se judicializó y el último movimiento fue una medida cautelar en la que se dispuso que continúen las mismas autoridades hasta que se llame a una nueva elección.

En una de sus cruzadas contra la CGT, el Gobierno amenazó hace unos meses con hacer cumplir la ley y verificar entre el padrón de gremios cuántos cumplen realmente con el 30% del cupo femenino entre sus consejos directivos.

A pesar de la advertencia oficial, que bajó en tinta "recomendaciones" en el Boletín Oficial para controlar la vida interna de los sindicatos, el nivel de cumplimiento continúa siendo muy bajo. Apenas cuatro gremios están en regla sobre un universo de 53 que publicó el Ministerio de Trabajo en su sitio web. Según el relevamiento oficial, los gremios cumplidores son Alimentación (40%), Entidades Deportivas Utedyc (38,9%), Bancarios (30,4%) y Sanidad (30%).

De las diez intervenciones que impulsó Triaca, la más conocida fue la del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el bastión de Omar "Caballo" Suárez, que está preso en Marcos Paz. En el SOMU hubo elecciones en enero de este año y ganó Raúl Durdos. El nuevo jefe denunció ayer en la Justicia que detectó "irregularidades administrativas" durante la intervención como "falta de presentación de balances y erogaciones sin respaldo contractual". En el SOMU, Triaca había hecho designar a su exempleada doméstica, entre otros allegados, mientras que el juez Rodolfo Canicoba Corral, responsable de la intervención judicial, avaló la designación de su cuñado.