La Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que conduce julio Piumato, a causa del traspaso de la Justicia a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinó un paro nacional de 24 horas para el viernes 3 de febrero. Catalogan el accionar del Gobierno de Mauricio Macri como “inconstitucional e inconsulto”.

“no hemos sido consultados orgánicamente respecto a este convenio, que lejos de focalizar sus esfuerzos en mejorar el servicio, responde a un reparto comiteril que no prioriza la independencia judicial ni tiene en cuenta la carrera administrativa en función del esfuerzo y formación de sus trabajadores sino de los contubernios políticos”, dispara Piumato.

Otro de los puntos clave en los que hace foco el sindicato, es en el intento de avance del Gobierno en eliminar la Feria Judicial, el Ministro de Justicia, Germán Garavano, había expresado que “Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover 45 días al año, esto implica una interrupción del 18,36% anual”. La UEJN sostiene que esta medida es una forma de implementar “una flexibilización laboral” y que la Casa Rosada, conjuntamente con la Cartera judicial, “avanzar sobre los derechos adquiridos”.

“No vamos a permitir que la pelea interna entre el Consejo de la Magistratura y la Corte hagan peligrar los derechos de los trabajadores y nos conviertan en el pato de la boda”, finalizaron, en relación a la Acordada 42/16 del POM (Personal Obrero de Maestranza). El Secretario de Derechos Humanos de la CGT envió una carta solicitando al Alto Tribunal un aumento salarial del 10% “a partir del primer de enero de 2017, con carácter remunerativo y bonificatorio para todas las categorías del escalafón: empleados, funcionarios y magistrados; ello a cuenta de los futuros aumentos que se acuerden en las negociaciones salariales del corriente año”. En la carta, Piumato admite un decrecimiento de la inflación pero a la vez lo equipara con los sucesivos aumentos de tarifas “a nivel nacional”.

Por lo pronto, el gremio ya dispuso el paro del 3 de febrero, el primero en un año en donde puede haber protestas mayores por parte, no solo de los gremios judiciales, sino también del conjunto del movimiento obrero.