Empleados del área municipal de Servicios Públicos tomaron la semana pasada el predio de calle General Paz, donde se guardan, entre otras cosas, los camiones recolectores de residuos. Esto provocó que no se realizara la recolección domiciliaria a causa de la medida de fuerza, hasta que intervino la Justicia. Entonces sí, los manifestantes se retiraron, pero el conflicto quedó latente.

Desde el gremio Sitramuci denuncian que los vehículos con los que realizan las tareas diarias no están en condiciones. Además, manifestaron estar cansados de esperar el aumento del 25% por trabajo insalubre que comprometió el intendente Aníbal Tortoriello, lo mismo que la concreción del pase de los contratados por el convenio de UOCRA al de municipales.

El jueves se realizó una audiencia entre las partes en la Fiscalía de Cipolletti, la cual fue propiciada por el fiscal Martín Pezzetta. Allí, los municipales decidieron no mantener la ocupación del lugar por lo menos hasta mañana.

El fiscal explicó que la situación podría constituir la comisión de un delito y que en caso de continuar con la retención de los vehículos y el reclamo en esas condiciones, se continuarían las actuaciones iniciadas de oficio.

A su vez, solicitó tanto a los representantes de los trabajadores como a los representantes del ejecutivo municipal a que expongan su punto de vista. Tras una media hora de charla, Pezzetta propuso la realización de un impasse hasta mañana, cuando se realice una nueva audiencia. Hasta tanto, ambos sectores se comprometieron a no llevar a cabo ningún tipo de medida que afecte al servicio público o a los trabajadores.