Los choferes de colectivos de casi todo el país, con excepción de los que prestan servicios en Capital Federal y Gran Buenos Aires, realizaron anoche un paro nacional de actividades para protestar por la falta de pago de una cuota de su aumento salarial. La huelga fue declarada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) entre las 22 de anoche y las 6 de hoy y se repetirá todos los días hasta el cumplimiento de los pagos por parte de las empresas de transporte. El gremio, además, amenazó con extender la medida por 24 horas. 

El conflicto incluye dos dimensiones: por un lado, el traspaso de los subsidios que hasta ahora pagaba de manera directa el Estado nacional hacia las provincias como parte del pacto fiscal alcanzado entre el Gobierno y los mandatarios de cada distrito. Pero además quedó de manifiesto una disputa entre empresarios que por lo bajo se quejan de la firma de un acuerdo paritario complementario (en la primera parte del año la UTA había suscripto un 15% de aumento y luego adicionó 10% en dos cuotas por la escalada inflacionaria) que, según dicen, no están en condiciones de afrontar. 

En tanto que en el propio Gobierno había desconcierto respecto de la puja. Anoche en el ministerio de Transporte y en el de Producción y Trabajo se pasaban la pelota respecto de cuál era el área que debía resolver y, eventualmente, comunicar el resultado de las gestiones ligadas al conflicto. Es que si bien se trata de una controversia de índole laboral, la variable económica más determinante en el transporte público de pasajeros de corta distancia son todavía los subsidios estatales. 

A fines de julio el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, acordó con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, agregarle diez puntos al convenio salarial firmado en la primera parte del año por un 15 por ciento. Aquel entendimiento fue firmado por pocas cámaras empresarias y de hecho la mayoría de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires no lo hicieron y sólo pagaron el extra bajo protesta. Mientras que la representación patronal en el interior, Fatap, suscribió el acuerdo pero sus socios dijeron no poder pagarlo. En el sector explicaron que la firma corrió por cuenta de Juan Carlos Romero, titular de Fatap y dueño reciente de varias líneas de colectivos (entre otras algunas del ex Grupo Plaza) tras ser beneficiado por esas adquisiciones. 

Los empresarios provinciales explicaron que si bien existe una tarifa real que oscila los 13 pesos, hay otra denominada "técnica" que calcula Transporte sobre la base de los costos reales de la prestación del servicio y que asciende a 18,50 pesos. Sin embargo, de acuerdo a los cálculos privados esa tarifa técnica debería contemplar ítems que no fueron incluidos y que elevarían la cifra a 23,50 pesos, sobre lo cual explican el aparente desfasaje financiero en la actividad.