La intervención del Partido Justicialista decidida de manera sorpresiva ayer por la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini se produjo a partir de un pedido de tres dirigentes sindicales para que declare “el estado de acefalía”. Se trata de dos alfiles de Luis Barrionuevo y un dirigente saliente de las 62 Organizaciones que ahora recaló en el moyanismo.

Concretamente, la intervención se generó a partir de un pedido de los dirigentes sindicales Carlos Acuña, titular de estaciones de servicio y actual triunviro de la CGT, y Oscar Rojas, el líder de los obreros de maestranza, ambos que responden al barrionuevismo.

El sector del gastronómico se había plantado en el último conclave cegetista y Acuña se negó a renunciar. Ese boicot a la renovación de autoridades, le valió al espacio la posibilidad de negociar con el oficialismo, preocupado en allanarle el camino a Gordos e Independientes. Esas conversaciones habrían derivado en la figura del nuevo interventor del PJ, a cambio de liberar la zona para que Héctor Daer camine rumbo a convertirse en titular en solidad de la central obrera.

El tercer hombre en esa sega es Horacio Valdez, titular del sindicato de obreros del vidrio, que hasta fines de 2017 ocupó un lugar en las 62 Organizaciones Peronistas que lidera Ramón Ayala, pero que ahora recaló en el moyanismo, tras la ruptura del espacio de principios de año. Entre los dirigentes que están militando en ese espacio se encuentran Alfredo Palacio (recibidores de granos), Marcelo Pariente (motoqueros), Juan Carlos Murgo (empleados del caucho), José Carranza (Policias), Anibal Materi (Kinesiólogos), Carlos Villagra (Mutuales) y Marcelo Peretta (Farmacéuticos y bioquímicos).

Los dos sectores, el de Barrionuevo y el de Moyano, festejaron la decisión de Servini y se acercaron a celebrar el fallo a la puerta del local partidario a la espera de poder ingresar. En la práctica esperan poder recalar como miembros integrantes de la intervención judicial.

Los tres dirigentes peticionantes estimaron que “ninguno de quienes arrogan el mandato de afiliados, a la fecha cumplen ese requisito” de conducir el partido y representar a los afiliados. Como fundamento de esto, enumeraron que “así las cosas, vemos cómo se realizan convocatorias en las que participan ‘hermanos de frustrados candidatos’, ‘dirigentes sin mandato político que perdieron por paliza en las elecciones nacionales’, ‘ex funcionarios que solo podían ejercer alguna función a la sombra de la ex Presidente y que en la actualidad nadie reconoce’”.

“Estos impresentables, sumando a los compañeros que solo en base a voluntarismo, mal pueden pretender ejercer un mandato que no existe”, sigue el escrito presentado ante la Justicia.

Recuerda que en el “2012 venció el mandato de los integrantes del Consejo Naciona” y de los apoderados, por lo que -dice- “se verifica, por lo menos, el delito de desobediencia de los usurpadores”.

Según dispuso la jueza, Barrionuevo deberá realizar “un inventario de bienes muebles e inmuebles” como así también “informar sobre la situación económico financiera de la entidad”.

Barrionuevo, cuyo mandato se extenderá hasta que la Justicia considere “normalizado” el partido, también deberá presentar ante la magistrada un “informe mensual detallando las actividades desarrolladas” para cumplir con la intervención y el ordenamiento del partido.

En el mismo trámite, la jueza dispuso la creación de una comisión asesora conformada por tres miembros que serán designados por el juzgado una vez que el interventor confirme que acepta el encargo.

Esa comisión deberá “asistir” al interventor en su relación con los distintos sectores partidarios, según se especificó.

“No me cae como un balde de agua fría, porque siempre hay personas que quieren que el justicialismo tenga un tropiezo”, acusó Gioja y señaló que “el partido está normalizado”, y añadió que no sabe “cuál es la causa” de la intervención.

Para la jueza con competencia electoral, “la derrota en los comicios presidenciales como así también el fracaso en el acto electoral para elegir gobernador en el distrito más grande del país, han provocado una crisis en la conducción partidaria difícil de superar”.

A esa crisis, Servini sumó en su resolución que “el grado de división alcanzado, con líneas internas partidarias que se ubican en las antípodas del pensamiento político, ha creado una situación crítica insostenible que de permanecer en el tiempo, podría afectar la propia existencia del partido”.

En la resolución de doce páginas firmada ayer, la jueza habla de “vaciamiento partidario” en base a que “en los últimos comicios nacionales y provinciales del año 2017, reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el Justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones que compitieron en el último proceso electoral contra el partido fundado por el General Perón”.

En ninguna parte del escrito, la jueza fundamenta los motivos que la llevaron a elegir al dirigente gastronómico Luis Barrionuevo y sólo en la parte resolutiva se lo menciona como “interventor judicial” que estará acompañado por una comisión asesora, que lo asistirá en el diálogo con los distintos sectores del partido.