Una distribución de recursos a las obras sociales sindicales, destinada a proteger sus finanzas en medio de la pandemia por el coronavirus, terminó por revivir una histórica disputa en el sindicalismo argentino entre gremios tradicionales y otros de menor porte que aprovecharon la desregulación del sistema, en los años 90, para generar acuerdos con prepagas. La controversia terminó de explotar ayer cuando trascendió el mecanismo de reparto de poco más de $ 4.000 millones que hizo el Gobierno entre las prestadoras de salud y que había adelantado ayer este diario.

La chispa fue la circulación de un anexo de resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo a cargo del control y la entrega de recursos a las obras sociales sindicales. Desde esa repartición anoche afirmaron que lo que trascendió fue “una simulación” o modelo de reparto no definitivo de un total de seis opciones que elaboraron los técnicos a las órdenes de Eugenio Zanarini, un funcionario de confianza del ministro de Salud, Ginés González García. Anoche el Gobierno y la CGT dieron por sentado que el escándalo había detenido esa normativa y que durante el fin de semana el mecanismo de reparto quedaría sujeto a revisión.

La resolución de la SSS dispondrá el pago de casi $ 4.100 millones correspondientes a tratamientos de salud o medicamentos de alto costo brindados por las obras sociales y cuyo valor debe ser reembolsado a las prestadoras. Y formará parte de un paquete de salvataje que González García le adelantó este miércoles a la CGT, que incluirá la compensación entre abril y junio de la caída en la recaudación de cada entidad por la vigencia de la cuarentena.

El anexo (o simulación, de acuerdo a la fuente consultada) levantó quejas generalizadas entre los referentes de los sindicatos más grandes de la CGT. La protesta se basó en que obras sociales de gremios con gran número de afiliados recibieron menos fondos que otras con una cantidad muy inferior y que, en general, mantienen acuerdos de derivación de afiliados a favor de prepagas. Una paradoja: entre las empresas privadas de salud más beneficiadas por ese mecanismo figura OSDE, que tras haber perdido un juicio multimillonario debe volcar el pago de esa sentencia todos los meses en el sistema. Así, lo que aporta por una ventanilla lo recupera al menos parcialmente por otra.

El borrador expuso que entre las obras sociales más grandes figuran Comercio, que recibiría 277.165.090 pesos; UPCN (estatales), $ 245.648.233; Uatre, con $ 114.117.627; Construcción (Uocra), $ 61.177.646; Camioneros, que mediante dos prestadoras obtendría $ 121.954.120; Sanidad, $ 27.536.220, o Gastronómicos, con 41.411.857 pesos. En contraposición, destacaron que la Obra Social de Comisarios Navales percibiría 210.208.115 pesos; la de Electricistas Navales, 42.085.156 pesos; la de Capitanes de Ultramar, $ 39.654.761; la de Capataces y Estibadores Portuarios, $ 41.445.264; la de Técnicos de Vuelo de Líneas Aéreas, $ 67.615.893; la de Personal de Aeronavegación de Entes Privados, $ 97.485.245, y la del Automóvil Club Argentino, 19.111.792 pesos.

El desfase es producto de la desregulación promovida por Carlos Menem en los ’90 cuando habilitó la libre circulación de afiliados entre las obras sociales. Esa medida lanzó a las prepagas a la cacería de socios más jóvenes con mejores salarios, y el método que encontró fue aliarse a obras sociales pequeñas que hicieron las veces de gestores o promotores a cambio de retener una porción de la cuota cada mes, desde entonces. No es el único recelo que subsiste en el sector: ayer entre los más quejosos se escuchó a Luis Barrionuevo, el gastronómico que fue aliado principal de Carlos Menem y tuvo a su cargo el control del sistema durante buena parte de aquella gestión, y que en el mandato de Mauricio Macri también tuvo un predicamento que pareció perder en la actual administración.

Otra sospecha que deslizan los gremialistas más heridos es por el volumen de expedientes presentados por algunas obras sociales para el reembolso de tratamientos médicos que datan de la gestión de Macri y que, en el apuro que impone la pandemia, podrían quedar libres de una auditoría profunda. En esa línea destacan que algunos exfuncionarios de la Superintendencia de Salud de la etapa Cambiemos se reciclaron después de diciembre como autoridades de obras sociales pequeñas.

Para hoy se espera un contacto entre la CGT y Zanarini. En la central obrera buscan bajarle el dramatismo a esa conversación al señalar que será por parte de José Luis Lingeri, el líder del gremio de Obras Sanitarias y máximo referente en el rubro de prestadoras de salud del sindicalismo. El dirigente propondrá rehacer el mecanismo de distribución para darles preeminencia a las entidades con mayor número de afiliados en lugar de contabilizar sólo los expedientes en trámite.