Remarcaron que “Lo primero que hay que de decir es que nos mintieron al momento de iniciar la quita de subsidios  de servicios públicos en el año 2016”, a la vez que recordaron que “una familia tipo que pagaba menos del 10% de sus ingresos para cubrir el combo de servicios públicos esenciales de agua, luz y gas, hoy supera en promedio anual el  25%” 

El documento dado a conocer al término de la manifestación, señala textualmente:

Trabajadores públicos y privados, jubilados, pensionados, comerciantes, pequeños empresarios, universitarios, profesionales, estudiantes, docentes, clubes, fabricas recuperadas, sindicatos, movimientos sociales, pymes, cooperativas, asociaciones de comerciantes y consumidores, y espacios políticos, reunidos en  la Ciudades de Mar del Plata y Batan, como parte de un plan nacional de lucha y movilización, decimos Basta de Tarifazos.

Es importante poner en contexto que los tarifazos que sufre la sociedad argentina se han hecho en conjunto con un brutal  ajuste  que  no es producto de tormenta alguna sino de decisiones premeditadas: la reducción sistemática del poder adquisitivo de trabajadores formales e informales, la reducción de jubilaciones y pensiones, la apertura de importaciones, el aumento de la desocupación y crecientes despidos, el aumento de la pobreza y el hambre, la devaluación y el aumento costo del vida, la generalizada caída de ventas en los comercios, la reducción de los presupuestos educativos, de ciencia y tecnología, la suba de las tasas de interés y la timba  financiera de Lebac y Leliq, y el incremento de la deuda externa, son ingredientes de la reducción del mercado interno sobre el que se aplican los tarifazos.

Lo primero que hay que de decir es que nos mintieron al momento de iniciar la quita de subsidios  de servicios públicos en el año 2016. Subsidiar las energías para hacerlas accesibles a los ciudadanos es una práctica generalizada a nivel mundial, EEUU subsidiaba  sus  energías 5 veces más por habitante que la argentina en ese momento.  Estos 3 años de aplicación acumulativa de tarifazos,  han convertido a las facturas en impagables y el Estado Nacional ha mutado de subsidiar a los usuarios a financiar las ganancias extraordinarias de las compañías del sector, directamente vinculadas a los funcionarios del Gobierno Nacional.

Paralelamente una familia tipo que pagaba menos del 10% de sus ingresos para cubrir el combo de servicios públicos esenciales de agua, luz y gas, hoy supera en promedio anual el  25%, con momentos críticos en las temporadas de invierno y verano, donde las facturas de  gas  y luz se disparan. Las oficinas de las empresas se han abarrotado de usuarios gestionando planes de pagos que no pueden cumplir, mientras que muchos jubilados piden créditos para pagar sus facturas, sin saber cómo van a afrontar la próxima. En suma, la combinación de ingresos familiares a la baja con egresos tarifarios en alza, se paga con una brusca caída de la calidad de vida de los ciudadanos.

La reducción del poder adquisitivo de los trabajadores impacta directamente sobre comercios y pymes, que lógicamente venden menos y que a su vez son sometidos también a tarifazos, promoviendo primero la expulsión del personal y aumento de la capacidad ociosa, para luego pasar al cierre  de locales comerciales e industrias que hoy vemos todos los días.Se trata de un proceso continuo de degradación del mercado interno y de transferencia de ingresos a los grupos concentrados, que no ha perdonado ni a establecimientos escolares, universidades, clubes barriales, ni a asociaciones de discapacidad.  Así también se han reducido los beneficios de la tarifa social  y resulta casi imposible conseguir la garrafa al precio establecido.

Remarcando nuestro más absoluto compromiso con la órbita pública y sus empresas, queremos manifestar que los gobiernos en sus tres niveles han resultado insensibles ante las consecuencias de los tarifazos.  Al aumento de la canasta básica de alimentos, y de servicios de agua 350%, de luz  de 750%, y de gas de 3700%,  se suma el  aumento de transporte urbano e interurbano.  Con el último aumento del boleto de colectivo subió 302% en tres años en contraposición al 110% promedio que subieron salarios o jubilaciones.

Cada vez que las tarifas subieron más que los salarios o jubilaciones, las familias perdieron calidad de vida, los comercios y las pymes se achicaron o cerraron  y los ciudadanos perdimos derechos. Como exige la Corte Suprema de Justicia en el caso CEPIS sobre el gas de 2016, tener “tarifas justas y razonables” constituye un derecho humano básico en el siglo XXI.

No a los tarifazos

- Garantizar el precio de la garrafa social y la distribución gratuita de la misma para los comedores y merenderos.

- Basta de ajustes

- No a los despidos

- Defensa de las empresas públicas en manos del Estado

- Defensa de la salud y la educación pública

- Defensa de la industria nacional y las PYMES

- No al cierre de los casinos que dependen del Gobierno Provincial.

- No a la reducción del presupuesto de género

- Sin políticas públicas no hay NI UNA MENOS