En un escenario de incertidumbre y preocupación, los abogados estatales se encuentran trabajando en medio de un cuadro de situación desafiante, marcado por el desarme de organismos y áreas que amenazan con generar una ola de despidos en el sector. La revisión exhaustiva organismo por organismo ha desatado reuniones a contrarreloj del gremio con sus afiliados, y un teléfono abierto de manera permanente para abordar las inquietudes y temores de los profesionales de carrera.

Entre los organismos que se encuentran en riesgo se destacan el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI-, el área de Cultura y la Administración Nacional de Aviación Civil –ANAC-, entre otros. La posible desaparición o desmantelamiento de estas instituciones genera una profunda inquietud en los abogados estatales, quienes ven amenazados tanto sus puestos de trabajo como la continuidad de programas y políticas públicas vinculadas a estas áreas.

La preocupación no solo se centra en la estabilidad laboral, sino también en la ausencia de referentes políticos debido a la falta de nombramientos en cargos jerárquicos. La carencia de responsables en áreas clave dificulta la toma de decisiones y la aparición de cierta certidumbre.

A medida que transcurren los primeros 90 días de este nuevo gobierno, la inquietud crece ante el inminente análisis del personal. La falta de claridad sobre cuáles serán los criterios para evaluar el desempeño y retener o prescindir de determinados profesionales agrega un elemento de angustia a la situación. Para ello, el gremio AGAE, único representante de esta actividad en el Estado Nacional, anunció a sus afiliados la apertura permanente de las oficinas sindicales, ubicadas en Julio A. Roca 620, 6° Piso – CABA- y asesoramiento casi permanente en el 1164280544, que pertene al propio secretario genera, Rubén Ramos.

Hasta el momento, se han registrado pocos despidos, pero la sombra del recorte planea sobre el sector, afectando no solo a los abogados estatales sino también a la eficacia y continuidad de la labor jurídica en los diferentes organismos gubernamentales.