Por otra parte, el gremio señaló que el decreto es «inconstitucional e ilegítimo» y plantea cambios que «profundizan la desigualdad y agravan la vulnerabilidad de amplios sectores de la población» y debe ser derogado en su totalidad por los otros dos poderes. En ese sentido, reafirmaron su adhesión al paro general del próximo 24 de enero.

Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) celebraron la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que hizo lugar al planteo presentado por la CGT, en la que suspendieron el capítulo laboral del DNU 70/2023 porque «contiene una brutal reforma regresiva». Falta la «sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo» que apunta a la impugnación de todo el capítulo laboral del DNU.

«Esta sentencia se obtiene fundamentalmente gracias a la gran movilización obrera y popular del 27 de diciembre convocada por la CGT, a la que se sumaron las CTA junto a movimientos sociales, y a la convocatoria a paro general el próximo 24 de enero, que expresan la firme voluntad de lucha de las y los trabajadores argentinos», afirmaron y reafirmaron su participación el día de la medida de fuerza que se tomará a nivel nacional.

«La movilización general y la justa convocatoria al paro hicieron reaccionar al fuero laboral y le pusieron un primer freno a esta ofensiva antiobrera y antisindical. Pero no es suficiente», advirtieron.

Aceiteros señaló que «el Poder Judicial y el Congreso de la Nación deben derogar en su totalidad el inconstitucional e ilegítimo DNU 70/2023, con el que el Poder Ejecutivo decidió alterar las reglas constitucionales de nuestro país, asumiendo facultades que son del Congreso. En sus 366 artículos el decreto deroga o modifica 73 leyes de forma permanente, lo cual está prohibido para el presidente y su gabinete», remarcaron desde el gremio.

Además consideraron que «los cambios que introduce el DNU profundizan la desigualdad y agravan la vulnerabilidad de amplios sectores de la población, desde las infancias a las jubiladas y jubilados, o quienes padecen enfermedades. Deja librados a las decisiones del mercado el acceso a la vivienda, a la alimentación o a los medicamentos, entre otros. También debilita las protecciones ambientales, los controles estatales, pone en crisis a las economías regionales y a la propia soberanía nacional. Al mismo tiempo, beneficia directa y explícitamente a grandes grupos empresarios».

Y denunciaron que «el DNU 70/2023 contiene un ataque frontal contra la clase trabajadora» dado que «avanza contra derechos, garantías y libertades previstos en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, como el ejercicio del derecho de huelga, las negociaciones colectivas, la estabilidad en el empleo, las condiciones dignas de trabajo y hasta la jornada limitada».

«Y en consecuencia, sin huelga ni negociación colectiva, la ofensiva del gobierno es una embestida directa contra el salario», relacionaron.

Rechazaron así cualquier «reforma laboral de facto» impulsada por «una alianza entre los grupos económicos locales, financieros, funcionarios del ex gobierno de Macri y el presidente Milei».