Según el documento elaborado por el secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri, la iniciativa oficial constituye “una transformación estructural regresiva” que impacta sobre uno de los pilares históricos del movimiento sindical argentino: las obras sociales sindicales. Estas organizaciones, señala el informe, no son “un privilegio corporativo”, sino un componente esencial del sistema de seguridad social cuya lógica solidaria depende de aportes vinculados al empleo formal y a la negociación colectiva. 

Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la reducción de la contribución patronal destinada a las obras sociales, de 6% a 5%, lo que, según las estimaciones oficiales citadas por la CGT, implicaría una merma de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a cerca del 0,1% del Producto Bruto Interno. Para la central sindical, esta rebaja no representa solamente un alivio para los empleadores, sino una transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital, con efectos previsibles sobre la calidad y cobertura de los servicios de salud. 

El informe también señala otros mecanismos que, a su juicio, debilitan la sustentabilidad del sistema de obras sociales sindicales. Entre ellos menciona la eliminación de la ultraactividad de cláusulas de convenios colectivos —incluidas aquellas que aseguran aportes y contribuciones— lo que introduce incertidumbre en el financiamiento; y la “voluntarización” de aportes y la supresión de mecanismos automáticos de retención, que fragmentan los ingresos y erosionan la lógica solidaria del sistema. 

Además, la CGT advierte que el contexto más amplio del proyecto agrava el impacto negativo, al considerar la expansión del monotributo, la exclusión de trabajadores de plataformas del régimen laboral, la tercerización y la caída del empleo registrado, factores que reducen la base de aportantes y aumentan la presión sobre las obras sociales. 

El informe también contextualiza el rol de las obras sociales en el sistema de salud argentino, destacando que conviven tres regímenes: el sistema privado de prepagas, el sistema público de hospitales y las obras sociales sindicales, que dependen directamente de los porcentajes de aportes vinculados al salario. La CGT alerta que, frente a un sistema de salud general en crisis, la reforma profundizaría las desigualdades, y transformaría la cobertura en un bien más vulnerable para sectores populares. 

La central sindical concluye que “no hay modernización posible si se construye sobre la pérdida de derechos” y que defender las obras sociales sindicales es defender el derecho a la salud, la solidaridad y la dignidad de quienes viven de su trabajo.