La Unión Docentes Argentinos será parte activa de la medida convocada para el miércoles 12 de agosto en las universidades nacionales. El sindicato reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento y los incumplimientos del Gobierno en la negociación salarial.
UDA anunció su adhesión al paro nacional que se realizará el próximo 12 de agosto en las universidades públicas. La medida busca exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de los compromisos asumidos en el acta firmada el pasado 10 de junio.
Ese acuerdo estableció una recomposición salarial del 24,33% para docentes y nodocentes universitarios, distribuida en un incremento del 21,33% en junio sobre los básicos de mayo y otro 3% en octubre sobre los salarios de septiembre. También fijó la reapertura de la paritaria para el 15 de septiembre y una periodicidad máxima de tres meses para las futuras negociaciones.
El acta contempló, además, la continuidad de la discusión destinada a recuperar la pérdida salarial acumulada durante 2024, tomando como referencia la evolución del IPC del INDEC. En materia presupuestaria, incluyó un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades, una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano y una partida adicional de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios.
Sin embargo, UDA advierte, ante la necedad gubernamental, que aquel entendimiento no reemplaza ni agota el reclamo por la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario. La falta de una solución estructural continúa afectando los salarios y el desenvolvimiento cotidiano de las instituciones, con consecuencias sobre el mantenimiento edilicio, los servicios, las tareas académicas, la investigación y la atención que brindan los hospitales universitarios.
Así, la CGT suma uno de sus gremios docentes más fuertes al paro de 24 horas. La expresión creciente de la preocupación de los y las docentes y nodocentes ante la sostenida crisis compromete el funcionamiento diario del sistema universitario público.
La mirada del Gobierno, al menos por el momento, no parece entender la negociación como un objeto de beneficio bipartito sino como una acumulación de fastidios a los que la omisión deja huellas que luego serán difíciles de paliar en la cosa política.
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