Ante el estancamiento en el Congreso nacional del proyecto para un impuesto a las grandes fortunas, el secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó que “cuesta entender cómo una iniciativa que tiene gran consenso social se encuentra paralizada” y exigió que sea tratada mediante “una Consulta Popular según lo establecido por la Constitución Nacional”.

El dirigente estatal manifestó que “para vencer los obstáculos que puedan existir, se debe pensar en mecanismos de democracia directa y convocar una consulta popular en los términos del artículo 40 de la Constitución Nacional”, sentenciando que “eso sería lo más adecuado". Ese apartado dicta que el voto afirmativo de un proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.

"En este caso, la convocatoria tiene que ser hecha mediante una ley del Congreso para garantizar que la misma sea vinculante. Cuando la representación política no puede resolver una cuestión que es de sumo interés público como un tributo de esta naturaleza, se debe preguntar al pueblo para que sea este el que emita su opinión", explicó el adjunto de ATE. Según la ley reglamentaria 25432/01, si un proyecto es tratado por iniciativa del Congreso para ser votado por la ciudadanía, éste tendrá carácter vinculante y la votación será obligatoria.

Aguiar evaluó que “la introducción de estos institutos de participación directa de los ciudadanos en nuestra constitución es de avanzada, pero los gobiernos se han negado sistemáticamente a utilizarlos” y señaló que “esto se debe a que en algunos casos el pronunciamiento de la sociedad tal vez difiera de las decisiones adoptadas por las gestiones de turno”. En este caso, según una serie de encuestas del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el 78% de los preguntados afirmó que votaría positivamente un proyecto de estas características.

"Para superar el derrumbe económico y social producido por la pandemia se necesita implementar medidas que afecten a quienes muestran una mayor capacidad contributiva. Si el impuesto a las grandes fortunas llega tarde o no llega, los niveles de pobreza serán tan altos que no existirá recuperación económica posible”, reiteró el dirigente estatal en su propuesta de gravar a quienes tengan un patrimonio mayor a 200 millones de pesos, lo que alcanzaría a unas 12 mil personas físicas.

El referente estatal asegura que “para salir de esta crisis que es muy grave en la Argentina y el mundo, tal vez haya llegado la hora de apelar a dispositivos legales que permitan a los ciudadanos tomar decisiones políticas de manera directa". Para tomar magnitud de la desigualdad económica del país, el PBI por persona es de poco más de 11 mil dólares, mientras que las 9 familias más ricas de la Argentina acumulan más de mil millones de dólares cada una en el ranking que encabeza el petrolero Alejandro Bulgheroni con 5400 millones, según la revista Forbes.