ATE salió al cruce del anacrónico pedido del Gobierno de cercenar la libertad de expresión, con el intento de allanamiento, vía judicial, a Jorge Rial y Mauro Federico, lo que representa una desesperada posición del Presidente.
Tras la aparición de audios que pusieran en tela de juicio la honestidad del Gobierno y lo señalaran como posibles protagonistas de un mega caso de corrupción en el organismo de Discapacidad, y tras ello el pedido del Ejecutivo de prohibir la difusión de dichos mensajes, y la requisitoria de allanar periodistas ATE consideró este retroceso como “un grave ataque contra la libertad de expresión”.
“La persecución y el intento de allanar a periodistas por revelar hechos de corrupción pone en riesgo toda la institucionalidad en nuestro país”, consideró Rodolfo Aguiar, titular del gremio estatal.
El mensaje de Aguiar no es inocente, ya que se trata de un pedido a la sociedad en su conjunto de colocarse el traje protector de las libertades constitucionales que se han gestado en estados de democracia, más en una Argentina que ha atravesado hechos increíblemente cruentos. “Se trata de un ataque directo a la libertad de expresión y a todas las garantías constitucionales que como sociedad tenemos que defender. Todos los ciudadanos tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, criticó el dirigente.
El pedido de allanamiento por parte de la Secretaría de la Presidencia, a cargo de Karina MIlei, una de las principales apuntadas por el caso de corrupción, a Jorge Rial y Mauro Federico, constituye, verdaderamente, un hecho que se había dejado de practicar hacía muchisimios años en la Argentina. También apuntado el titular del portal Data Clave, Pablo Giménez. Quien institucionalizó el candado a la libertad de expresión es el juez Civil y Comercial Federal ALEJANDRO PATRICIO MARANIELLO, quien fue quien prohibió la difusión de nuevos audios de la hermana del Presidente.
“Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”; “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”, citó Aguiar en relación a la Constitución Nacional y además, señaló lo representado en la Convención Americana de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El ejercicio del derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley”.
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