El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió que más de 5.300 empresas cerraron en la provincia desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con un promedio de 232 firmas menos por mes, en un contexto de caída de la actividad industrial, pérdida de empleo y fuerte retroceso en el uso de la capacidad instalada.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas por el fuerte retroceso del entramado productivo bonaerense. Según datos oficiales difundidos por el ministro de Economía provincial, Pablo López, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 cerraron 5.335 empresas en el territorio bonaerense, lo que equivale a un promedio de 232 firmas menos por mes.
De acuerdo con el funcionario, se trata de siete meses consecutivos de caída en la cantidad de empresas activas, en un contexto de impacto generalizado a nivel nacional. No obstante, Buenos Aires concentra el mayor daño debido a su peso productivo: la provincia explica casi el 50% del valor industrial del país y alberga a tres de cada diez empresas que cerraron en la Argentina durante el período analizado.
“La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria y el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial”, sostuvo López a través de sus redes sociales. En ese sentido, remarcó que Buenos Aires aporta el 48,9% del Producto Bruto Interno (PBI) industrial, muy por encima de la Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (10,3%) y Córdoba (7,7%).
La crisis se refleja tanto en pequeñas y medianas empresas como en grandes compañías. En las últimas horas trascendió el cierre de GEPSA, una agroindustrial dedicada a la producción de alimento balanceado, que anunció el cese de actividades en su planta de Pilar y dejó a 80 trabajadores a la espera de los telegramas de despido. En el mismo distrito, a fines de 2025, cerró la empresa de porcelanatos ILVA, lo que derivó en la pérdida de unos 300 puestos de trabajo y en protestas frente a la fábrica.

También se registraron despidos en la petroquímica Sealed Air, que desvinculó a 65 trabajadores, y en la mayorista Lustramax, ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, donde fueron cesanteados 29 operarios. A su vez, la multinacional Lamb Weston cerró su planta de Munro, en Vicente López, y despidió a alrededor de 100 empleados, en el marco de una reorganización global que concentrará la producción en Mar del Plata.
Desde la administración bonaerense también pusieron el foco en la caída de la utilización de la capacidad instalada de la industria, que actualmente se ubica en el 61%, un nivel inferior incluso al registrado en 2020, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. En 2019, ese indicador era del 62,8%, descendió al 61,8% en 2020, tuvo un leve repunte en 2022 hasta el 66% y volvió a caer en el último período.
La capacidad instalada representa el máximo nivel de producción que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando ese uso se reduce, las máquinas se detienen, pero los costos fijos permanecen. Con el tiempo, los márgenes se deterioran, se retrae la inversión y el cierre de empresas se vuelve una amenaza concreta.
El diagnóstico del gobierno de Axel Kicillof apunta a un escenario de creciente fragilidad productiva, con impacto directo en el empleo y en la estructura industrial de la principal provincia del país, en un contexto económico nacional que, advierten, sigue profundizando la recesión.


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