Horas después de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciara en abril la chance de una medida de fuerza, la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) realizó una auditoría «sorpresa» en su obra social. Se trata de una entidad de salud que no está ajena a la crisis financiera que afecta a todas las prestadoras médicas sindicales y a las prestadoras médicas en general. Se llevaron papeles y se espera un informe al respecto.

Al margen de los inconvenientes financieros, el mensaje político fue claro: una amenaza de intervenir la obra social por parte de la SSS, el organismo a cargo de fiscalizar a las prestadoras y cuyo titular es Gabriel Oriolo, el hombre que pone la firma en cada determinación de este estilo. La obra social de los Conductores de Transporte de Colectivos de Pasajeros no está exenta de sospechas y es administrada por Silvia Antonia Bevk, la esposa del jefe de la UTA. Además, hay contratados a sueldo otros familiares.

La otra gran amenaza latente, que nadie se anima a decir en voz alta, es la Obra Social de Choferes de Camiones o, para decirlo en criollo, la Obra Social de los Camioneros de Hugo Moyano. La entidad, administrada por Liliana Esther Zulet esposa de Moyano, es mirada con detenimiento por parte de los funcionarios de Salud y del Gobierno Nacional. De hecho dejan trascender la intención de intervenirla cada vez que necesitan disciplinar al gremialista en el marco de una paritaria de resolución complicada, algo que volverá a ocurrir en el futuro cercano.

Serían dos gigantes y dos terremotos en el universo sindical y de salud. Vale recordar que el Gobierno ya intervino 8 obras sociales sindicales: Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA), la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT) la Obra Social de Vareadores (OSV), la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social de la Industria del Fósforo (OSPIF).

También cabe aclarar que cada Obra Social vive su situación particular, el ejemplo más notorio y mediático es el de la OSPRERA, intervenida por la decisión de un Juez Federal en virtud de posibles delitos de lavado de activos y que, a la postre, algunas intervenciones se cayeron por acción de la Justicia.

En ese marco, desde hace días en el universo sindical corren versiones respecto de la salida de funcionarios de la Gerencia de Prestaciones de la SSS puestos bajo la lupa por los manejos en las obras sociales intervenidas. Es que se cree que se utilizarían para direccionar multimillonarios negocios a empresarios cercanos al poder. De hecho, se reproducen renuncias en las que se objetan las tomas de decisiones y la legalidad de las mismas.

Al frente de la gerencia está Miguel Domina, un hombre que supo pasar por OSPIT y que tuvo su último paso fue por la Fundación Hospitalaria. Dicho sea de paso, la Fundación Hospitalaria formaba parte de un entramado de empresas a las que se las había apuntado por beneficiarse de las intervenciones aunque en declaraciones a InfoGremiales salió a despegarse. Todo un esquema de poder que tenía a varios libertarios comprometidos y que hoy vuelve a mirarse.