En una jornada internacional organizada el martes 7 de octubre por el Centro de Estudios y Formación de la Federación Judicial Argentina (CEFJA), se debatió la viabilidad de una reforma judicial inspirada en México que permita la elección popular de jueces y juezas. Participaron cientos de trabajadorxs judiciales y referentes de sindicatos, movimientos sociales, Derechos Humanos y la abogacía.
Durante la apertura virtual, el secretario general de la FJA, Matías Fachal, sostuvo que “el Poder Judicial es el poder más conservador de los tres” y que históricamente ha sido “el menos democrático y el menos transparente, con jueces y juezas puestos a dedo desde los poderes fáctico, político y financiero”. En ese sentido, agregó: “Tenemos la obligación de transformar esa realidad, por eso vemos con expectativa el proceso mexicano”.
El panel contó con la participación de destacados juristas mexicanos: Simón Hernández León (UNAM y especialista en Derechos Humanos), Federico Anaya Gallardo (ex funcionario y candidato a ministro de la Suprema Corte) y Jorge Carbajal (abogado laboralista y miembro de la Nueva Central de Trabajadores, NCT). Hernández León destacó que “la Reforma amplía la posibilidad de que sectores que históricamente no habían ingresado a estos espacios […] pudieran hacerlo” y defendió la “participación social en los procesos de designación judicial” como una forma de abrir las puertas de la justicia.
Por su parte, Anaya Gallardo profundizó las implicancias estructurales de la reforma mexicana: “Partimos de la base de la falta de acceso a la justicia de la inmensa mayoría de la población… La democracia siempre trae aire fresco. La Reforma hizo más accesible el debate”. Carbajal, desde el enfoque sindical, enfatizó: “Que nosotrxs participemos, demos nuestras opiniones e intervengamos en el debate jurídico como clase trabajadora, amplía el criterio de la Corte”.
Esta iniciativa de la FJA refiere directamente al intenso debate que se vive en México, donde una reforma constitucional aprobada en 2024 propone que jueces y magistrados sean electos por voto popular. Sin embargo, esta propuesta no está exenta de críticas: analistas advierten que llevar la justicia a las urnas podría debilitar la independencia judicial y favorecer la politización. En particular, un estudio del ITAM alerta sobre los riesgos institucionales y plantea recomendaciones para equilibrar democratización e independencia. Además, voces como la de Isabel Montoya Ramos critican que la “legitimidad judicial” no se garantiza automáticamente con el sufragio sino con la calidad de las sentencias: “su legitimidad y ética no se da en automático… Que sean elegidos por voto popular no quiere decir que las y los juzgadores ya son legítimos”.
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