La necesidad de reabrir las paritarias para los trabajadores de seguridad privada es urgente, si bien la última paritaria acordada con CAESI contempla una revisión en febrero del 2022, el 47% mentiroso logrado, ya se vio ampliamente superado por el 52,1% de inflación en lo que va del 2021. Decimos que el 47% firmado por Ángel García es mentiroso ya que el mismo contempla más del 30% en sumas no remunerativas que son descontadas por los empresarios ante licencias o vacaciones que se toma el trabajador.
Actualmente UPSRA, se encuentra en un estado de “indefinición judicial” según expresa el decreto de intervención de OSPSIP, la obra social de los trabajadores de seguridad, quien en uno de sus párrafos hace mención a la crítica situación institucional del gremio de los vigiladores. A pesar de que la justicia pacientemente ya se ha tomado dos años para definir las autoridades del sindicato luego de la intervención que le quitara el mando a Ángel García, este dirigente, quien avalado por un sector empresarial que resiste su salida definitiva, aún continúa arrogándose ilegítimamente la conducción nacional.
La ilegitimidad de Ángel García queda de manifiesto en su incapacidad de ir a negociar colectivamente con CAESI un bono de fin año para los trabajadores. Su conducción, lejos de ser nacional como presume, se reduce a la actuación de cualquier agrupación, negociando en determinadas y escasas empresas, irrisorias sumas que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.
Hoy por hoy, un trabajador de seguridad privada tiene un sueldo de $51.000, quedando $22.000 debajo de la canasta basica y de la línea de la pobreza, la cual se situa en los $72.365 según los últimos valores informados por el INDEC.
De esos $51.000, decíamos que el 30% está compuesto por sumas no remunerativas que no aportan a las horas extras ni el aguinaldo, viéndose este último considerablemente reducido, por lo que un trabajador de seguridad, si tiene suerte de ser empleado de una de las empresas que cumple la ley (estadísticamente el 95% incumplen las leyes laborales) estará cobrando el 18 de diciembre un magro aguinaldo de $15.000 promedio.
Ante esta situación donde el empresariado parece tener más poder que el Ministerio de Trabajo al sostener a un dirigente que no acciona a favor de los trabajadores y debido a la angustiante situación económica que atraviesan los vigiladores, es que la Secretaria de Gremiales del Bloque Nacional de Seguridad Privada dio instrucciones específicas a cada uno de sus delegados los cuales ya han activado los mecanismos para dar pelea en todos los objetivos y en todas las empresas solicitando un bono de $40.000 para los afiliados a está entidad sindical.
Durante toda la pandemia fuimos y seguimos siendo esenciales: nuestros salarios, el pan y la dignidad de nuestras familias, también lo es. Por eso pedimos una recomposición salarial que nos permita sostener dignamente a nuestras familias. Sin reapertura de paritarias ni bono, sin dudas, habrá lucha.
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