El sindicato jerárquico minero reclamó revisar la normativa vigente, incorporar criterios científicos actualizados y fortalecer la transparencia. También planteó la creación de una agencia específica para el monitoreo ambiental de la actividad.
El Sindicato de Jerárquico Minero (ASIJEMIN) difundió un comunicado oficial en el que fijó su postura sobre la Ley de Glaciares y propuso avanzar en una actualización del marco normativo que regula la actividad minera en el país.
En el documento, la entidad destacó “la importancia de su actualización para mejorar la precisión normativa y la gestión ambiental”, en el marco del debate abierto sobre la legislación vigente en el Congreso de la Nación.
Asimismo, remarcaron que los glaciares “constituyen reservas estratégicas de agua cuya protección es prioritaria”, aunque advirtieron que, “tras más de una década de vigencia, la ley presenta definiciones que requieren revisión para garantizar una aplicación más clara y uniforme en todo el país”.
Propuesta de modernización con enfoque federal
Desde el sindicato señalaron que la actividad minera actual ya funciona bajo controles ambientales consolidados, con “evaluaciones de impacto, auditorías periódicas, participación ciudadana y organismos técnicos provinciales con experiencia comprobada”.
En ese sentido, propusieron que el análisis de la ley se integre en un debate más amplio orientado a “modernizar la legislación minera, incorporando criterios científicos actualizados, un enfoque federal y mayores instancias de participación social”.
Creación de una agencia de control ambiental minero
Entre las principales iniciativas, la organización impulsó la creación de una Agencia de Control Ambiental Minero, que tendría carácter federal y composición multisectorial.
Según explicaron, el objetivo sería “fortalecer los procesos de monitoreo, auditoría y acceso público a la información, con el fin de mejorar la transparencia y la gestión ambiental”.

Advertencias por el impacto del RIGI
El comunicado también expresó inquietudes respecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y su posible impacto en las economías regionales vinculadas a la minería.
En ese marco, señalaron la necesidad de evaluar “su incidencia en el desarrollo productivo y tecnológico de las regiones”, en un contexto de cambios en la política económica.
Un llamado a un debate técnico y responsable
Finalmente, la ASIJEMIN reafirmó su voluntad de participar del debate técnico y regulatorio, priorizando “la protección del agua, el fortalecimiento institucional y la consolidación de una actividad minera responsable”.
El documento fue firmado por la conducción nacional del gremio, encabezada por el secretario general Marcelo Mena Muñoz.

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