La emblemática Fragata Libertad es admirada por muchas de sus características y ha recibido premios a nivel internacional. El buque insignia de la Armada Argentina fue diseñado y construido en el Astillero Río Santiago, como parte del proceso de modernización militar emprendido por el gobierno de Juan Domingo Perón en 1953, y botado tres años después.

Ese año se creó Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE), empresa integrada por el Astillero Río Santiago (ARS) y la Fábrica Naval de Explosivos Azul (FANAZUL). Ubicado en la ciudad de Ensenada, provincia de Buenos Aires, sobre el río Santiago, el ARS comprendía en aquel entonces unas 229 hectáreas y 55 áreas productivas.

Considerado uno de los astilleros más importantes de Latinoamérica, el paso de los años golpeó permanentemente su capacidad de producción, poniendo en riesgo no sólo su funcionamiento, sino también su continuidad como herramienta soberana en el campo naval y metalmecánico.

Los trabajadores, nucleados en ATE Ensenada, cargan en sus mochilas viejos reclamos y reivindicaciones. Uno de ellos tiene que ver con señales que les permitan estar seguros de que el Estado sigue considerando a ARS como una herramienta estratégica de desarrollo nacional. El actual ahogo financiero que señalan pone en duda tal objetivo, por lo que han emprendido un camino de lucha y resistencia.

La principal preocupación está en hacer cumplir a las autoridades los proyectos en marcha para este año, como la construcción de embarcaciones para nuestro país y el exterior, como las que se pactaron con Venezuela. En este sentido, manifiestan no comprender por qué se compraron naves a Israel y Francia para el mercado vernáculo, “sin licitación y pagando sobreprecios, quebrantando además el artículo 15 de la ley de Industria Naval, que indica que las embarcaciones deben construirse en nuestro país, salvo casos excepcionales, que deberán ser debatidos”, expresó el secretario general del gremio, Francisco Banegas.

Las nuevas autoridades, encabezadas por Daniel Capdevilla, no trajeron buenas nuevas para los más de tres mil trabajadores. Entre otras medidas, despidieron a personal de carrera que ocupaba puestos en la gerencia e iniciaron causas penales contra delegados “que sólo reclamaron por la continuidad del Astillero”, aseguran los delegados.

Desde el sector gremial afirman que no conocen los números, la cuestión financiera o presupuestaria, pero sí tienen algunas cosas claras. Por un lado, que la mano de obra con que cuenta el ARS es de gran valor, reconocida a nivel internacional. Por otra parte, exigen una mayor inversión en seguridad y tecnología, que le permita a la empresa contar con mejores maquinarias y que los trabajadores se desempeñen con la máxima seguridad.

La coyuntura económico-financiera agudiza la incertidumbre, en especial cuando no se tienen aún precisiones sobre el recorte que la Provincia va a disponer para adecuarse a los nuevos presupuestos, tras la corrida cambiaria y la paralización del crecimiento.

Para garantizar la producción y la continuidad de los proyectos en marcha hace falta la decisión política de las autoridades para activar algunos mecanismos. Uno de ellos, sostienen los trabajadores, es “que se inicien gestiones para destrabar, cuanto antes, las cartas de crédito con organismos internacionales que permitan la construcción de remolcadores y bulk carriers (barcos que se dedican al transporte de cargas secas a granel)”.

Con dicho panorama, en la noche del viernes se llevará a cabo una movilización de los trabajadores y sus familias bajo la consigna “marcha de antorchas”.

Por ahora, faltan hechos y sobran las palabras. Y los silencios…