El estruendo sacudió el ámbito patronal farmacéutico y salió desde las oficinas del Juzgado Nacional de Trabajo N°55, una multa hacia la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) de $15.381.150 por negarse a negociar un convenio colectivo de trabajo con el Sindicato Argentina de Farmacéuticos y Bioquímicos –Safyb-.

Este es un conflicto que data de largo y a pesar de que las otras cámaras empresarias, como la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Asociación de Farmacias Sindicales (AFMYSRA) y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), ya habían firmado convenio colectivo con el gremio que lidera Marcelo Peretta en el año 2011, la FACAF se abstuvo de cumplir con la ley. Tras los reclamos judiciales amparados en el artículo 23 de la ley 23.551 (prácticas desleales), la Justicia le dio un cachetazo durísimo de digerir.

“Primó la libertad sindical, la jurisprudencia y la persistencia de un sindicato joven al que le asiste la razón”, celebró Peretta.

“Queda claro que no somos simples empleados de farmacia o técnicos de laboratorio, somos trabajadores con título universitario, matrícula profesional e intereses diferenciados, que asumimos la dirección y responsabilidad de farmacias, droguerías y laboratorios, por eso las cámaras deben respetarnos y suscribir convenios específicos con nosotros, porque solo SAFYB posee personería para representarnos”, apuntó la Secretaria de Actas del Safyb, Mariana Funes.

El presidente de FACAF, Miguel Lombardo, es uno de los principales señalados por las prácticas ilegales de encuadramiento sindical, ya que integraba la actividad de los trabajadores “con empleados de mostrador, cadetes, cajeros y laboratoristas. “Pero eso ya no será posible porque los farmacéuticos y bioquímicos están protegidos por el inciso b) del artículo 10 de la ley 23.551, y por el convenio colectivo de trabajo 691/14, homologado por Resolución ST 855/14, y el 707/15, homologado por Resolución ST 64/15”, detallaron desde la calle Agüero, sede nacional del sindicato.

El antecedente millonario sienta una jurisprudencia que significa una afronta tremenda a las arcas de la federación patronal, que deberá desembolsar un bolsón en concepto de ilegalidad y viveza.