La distribución de los subsidios al transporte ha sido tema de debate desde la asunción de Javier Milei al frente del Gobierno por la quita radical de subsidios que catapultaron una fuerte suba de valores en los boletos, especialmente en el interior del país.

Tras la publicación de un gráfico por parte de la CATHEDA, se revelan datos fehacientes que reflejan una marcada disparidad en la asignación de fondos entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país.

Según el informe de la confederación que lidera el petrolero Guillermo Pereyra, en febrero de 2024, el 100% de los subsidios al transporte, ascendentes a 84.814.631.190 pesos, fueron destinados exclusivamente al AMBA. Esta concentración de recursos en la región metropolitana hundió al interior del país en un pozo oscuro que lo deja sin ningún tipo de subsidio, lo que ha generado repercusiones significativas en diversos aspectos, como el costo del boleto del colectivo para los habitantes de estas regiones.

Comparando periodos, los datos son aún más reveladores. Entre febrero de 2023 y marzo de 2022, el total de subsidios ascendió a 208.575.433.196 pesos, mientras que en el período de febrero de 2024 a marzo de 2023, esta cifra se disparó hasta alcanzar los 447.893.941.891 pesos. Es importante destacar que durante los primeros periodos mencionados, las provincias del interior lograron recibir subsidios que les permitieron controlar y regular el transporte en sus jurisdicciones. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente en el último periodo, donde el AMBA acaparó la totalidad de los fondos, con 84.814.631.190.

Una de las causas de esta disparidad es el modo en que el gobierno recauda y distribuye los fondos provenientes del impuesto al combustible. Aunque el estado recolecta estos ingresos, no todos son transferidos a las provincias. Parte de este dinero se retiene y, en el caso de las transferencias, se hace desde los fondos del AMBA.

La discriminación del Gobierno hacia el interior del país es no solo la generación de un desequilibrio evidente, sino hasta una torpeza política en tiempos en los cuales debe someterse al duro proceso de negociar con los gobernadores la aprobación del DNU en Diputados para no recibir otro cachetazo como sucedió en el Senado.

El Gobierno debe imperiosamente replantear las políticas de asignación de subsidios al transporte, buscando garantizar una distribución equitativa que atienda las necesidades de todas las regiones del país y abandonar el escenario de litigio con las provincias y mirar un poco más al trabajador.