Por: Juan Pablo Escobar.

La discusión del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro va de polémica en polémica. Una de las últimas se registró el 15 junio, cuando en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se buscaba que hubiera cuórum para que la iniciativa empezara el trámite debido.

Sorpresivamente, y al parecer sin autorización de su partido, el Conservador, apareció el representante Alexander Quevedo, del Guaviare, solo para aprobar unos impedimentos presentados por representantes de la oposición, lo cual al final le valió la suspensión inmediata del movimiento por desacatar la posición acordada.

Una vez aprobados (aceptados) los impedimentos, Quevedo se retiró, tan silenciosamente como llegó, porque ya no era necesaria su presencia. El cuórum, restando los congresistas que presentaron impedimentos aprobados, se redujo a 14, nueve de ellos afines al Gobierno.

Dentro de este grupo de congresistas está la representante liberal por Antioquia María Eugenia Lopera, que votó de manera positiva a pesar de la orden del jefe de dicho partido, el expresidente César Gaviria.

Gremios molestos

La jugada “sospechosa”, por supuesto, no cayó bien en los representantes de los gremios productivos del país, quienes se muestran en contra de este proyecto de ley, ya que serían los más impactados por los sobrecostos laborales que traerá.

“Señores representantes, los impedimentos no se aprueban solo porque quien los presente sea de la oposición, sino por su contenido. Hubiera sido interesante que los leyeran y los debatieran, porque no se entendería que a unos congresistas se les aceptara y a otros se les negara, aunque la causa fuera la misma”, afirmó el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal.

El dirigente se quejó de que la recusación del representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, que defendía la necesidad de una reforma que genere más empleos y que no los destruya, se presentó a comienzos de mayo y aún no tuvo trámite ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Eso le impidió votar, por el solo hecho de que la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara no la envió de manera oportuna.

El representante a la Cámara Alexander Quevedo, sancionado por el partido Conservador por apoyar la reforma laboral que se tramita en el Congreso, luego de la decisión de su colectividad de declararse en independencia. Foto Colprensa

Según Cabal, esta serie de hechos “sorprendentes” puede viciar el trámite del proyecto de reforma laboral, pero además la violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades es causal de pérdida de investidura.

“Este no puede ser el trámite que se dé a una reforma tan importante como la laboral. ‘Jugaditas’ como las de hoy no son consistentes con el principio de buena fe que consagra la Constitución Política. Colombia no puede ser un país en el que se premie al ‘más vivo’, sino al más trabajador, al más justo y al más legal”, agregó el vocero de los comerciantes.

Por esto, una vez más, el presidente de Fenalco hizo un llamado, como la mayoría de la opinión pública, en el sentido de que este proyecto de reforma laboral no le conviene al país, pues antes que generar nuevos empleos, los destruye, como también lo afirmó el Banco de la República al coincidir con dicho gremio, en que podrían ser alrededor de 450.000 puestos de trabajo afectados.

“Reiteramos nuestro llamado a que defendamos el empleo, siempre con respeto de las reglas democráticas”, concluyó el dirigente gremial.

Llamado de atención del Consejo Gremial

El Consejo Gremial Nacional se refirió a lo sucedido en la Cámara de Representantes y recordó que considera que la aprobación de la reforma laboral es un error, ya que no cumple con los propósitos de reducción de los índices de desempleo e informalidad, no actualiza el sistema legal a la nueva realidad del mercado laboral, genera desequilibrio en las relaciones laborales colectivas y no protege la libertad de empresa como motor de la economía, generador de empleo formal y eje de transformación social.

Este hizo un llamado a los partidos políticos y a los congresistas a que en ejercicio de funciones salvaguarden el derecho constitucional al trabajo y evalúen con responsabilidad los impactos del proyecto de ley para evitar la pérdida potencial de más de 450.000 empleos y el detrimento en la competitividad del país, que se señaló en diferentes estudios técnicos desde el sector productivo y empresarial, los centros de pensamiento, la Academia, el Banco de la República y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).

“Es imperativo que en el trámite legislativo el Congreso de la República dé todas las garantías democráticas para que se adelante un debate plural e informado en el marco de la Constitución Política y la ley. La aprobación viciada de hoy de impedimentos, recusaciones y los informes de ponencias, con una conformación del quórum y una votación con varias dudas legales, no pueden ser el precedente de cómo será votada el resto de la reforma”, advirtió.

Aseguró que los gremios participaron de manera activa con estimaciones de impacto y propuestas y seguirán abiertos a participar en los escenarios que el Congreso de la República y el Gobierno nacional dispongan para construir una reforma laboral incluyente, equitativa y justa.